El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Movilidad para poner reglas más claras para la operación del servicio de grúas, cuya lista de autorización correrá a cargo de los municipios pero el usuario decidirá libremente cual se llevará su vehículo.

“Cuando se trate del servicio de grúas para arrastre, arrastre y salvamento y/o depósito de vehículos, el usuario podrá decidir libremente, según convenga a sus intereses, con cual concesionaria autorizada por el estado recibirá la prestación del servicio, atendiendo a la presente ley y sus reglamentos”,

establece el texto del artículo 25 avalado por los legisladores.

De esta manera, las empresas concesionarias deberán ser autorizadas por cada gobierno municipal, pero con previa solicitud al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) que verificará una serie de cuestiones para definir la factibilidad del servicio.

“Los municipios podrán decidir con qué operadoras trabajarán o no, dependiendo que estén al corriente en sus pagos fiscales, que no tengan denuncias. La idea es mejorar el servicio hacia la ciudadanía”,

explicó la diputada María José Osorio Rosas, que integra la Comisión de Movilidad.

Acerca del municipio de Othón P. Blanco, donde su dirección de Tránsito es estatal, no municipal;  será la Policía Estatal la que hará el requerimiento por oficio, como lo harían los municipios, declaró Rodrigo Alcázar, titular de Imoveqroo, al salir del Palacio Legislativo:

“Hay dos supuestos. El primer supuesto es el servicio privado, cuando se descompone tu carro, pues tú decides a qué grúa le hablas; el otro es cuando la autoridad asegura tu vehículo, ahí tú puedes decidir, porque están asegurando tu vehículo y es aquí donde se aplica la reforma: porque el municipio no está obligado a trabajar forzosamente con ciertos concesionarios, sino que puedes escoger a quienes tengan las mejores prácticas”.

Por último, modificación legislativa avalada le otorga la facultad al Imoveqroo para que suspenda temporal o definitivamente a aquellas concesionarias que

“no cumplan con sus obligaciones administrativas o fiscales con la calidad en la prestación del servicio; cuando modifiquen, alteren o no respeten las tarifas determinadas; cuando exista una orden de autoridad competente o cuando se haya iniciado un procedimiento administrativo a judicial en contra de la persona moral a concesionaria y/o por no cumplir con lo establecido en la Ley de Movilidad o en las demás disposiciones legales aplicables”.