Para erradicar de tajo con los problemas, cualquiera que estos sean, siempre será indispensable combatirlos de raíz, arrancarlos y no andarse por las ramas ni buscar remedios que en ocasiones no sirven ni de bálsamo y que generalmente aumentan el mal.

Y vaya que el crecimiento desorganizado y anárquico de la ciudad de Cancún ha sido su mayor problema, ha sido la mala semilla que ha provocado tantos males sociales que hoy padece esta ciudad.

Para combatirlo, y lograr un desarrollo sustentable se requiere organización, poner orden y entrarle al toro por los cuernos. Eso es justamente lo que pretende el Gobierno Municipal de Benito Juárez: Atacar este problema y no “patearlo”, como se ha hecho siempre, por temor al costo político y por la sempiterna corrupción.

Cierto es que la creación de asentamientos irregulares, de la venta de predios de manera ilegal es un mal que ha pasado de gobierno en gobierno, es un problema en el que los presidentes municipales han optado por taparse los ojos e incluso capitalizarlo a través de recursos y votos, sin importar que se trata de un delito al que la alcaldesa, Mara Lezama ha preferido poner un “hasta aquí”.

Consciente que comercialización de terrenos irregulares es uno de los problemas sociales más recurrentes del municipio, la alcaldesa anunció hace unos días que atacará esta compra-venta aplicando sanciones a quienes las promueven imponiendo de seis meses a diez años de prisión y hasta 500 días de multa al que, causando daño o perjuicio, transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un bien inmueble, sus instalaciones o parte de éste, careciendo del previo permiso de la autoridad o cuando teniéndolo no cumpla con los requisitos.

No se trata de un asunto menor, por el contrario, este mal ha sido medular en la desorganización y la anarquía con la que ha crecido la ciudad: Son ya 125 zonas irregulares, en donde viven a menos 90 mil familias, ubicadas en la periferia de la ciudad, tanto en la zona ejidal de Alfredo V. Bonfil, como en la franja limítrofe con la parte continental de Isla Mujeres.

Por ello es que la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano está tomando acciones legales correspondientes, para sancionar o en su caso impedir la construcción sobre este tipo de lotes, ya que además afectan el medio ambiente al no estar dentro del programa de drenaje y promueven la tala sin autorización y desmonte en zonas que no cuentan con aprobación, ni usos de suelo y/o licencias para que se lleven a cabo dichos proyectos.

Cabe mencionar que el año 2008 se reformó la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 360 para impedir la comercialización de predios en zonas irregulares y dos años más tarde se cambió el artículo 100 de Código Penal para aplicar sanciones por delito grave a quienes incurran en esta transacción. Y aun así continuó durante años.

Hasta ahora, que Mara Lezama decide poner fin a esta práctica ilegal y nociva, que afecta al municipio en su conjunto, que contamina mantos freáticos, que corrompe y que pone en riesgo el patrimonio de miles de familias al carecer de certeza jurídica.

Queda pendiente el proceso que habrá de tomar este gobierno sobre otros 125 fraccionamientos (más del 50 por ciento de la totalidad existentes) cuyas desarrolladoras incumplieron con la entrega legal al municipio y que, por ende, no cuentan con la totalidad de los servicios.