Hace poco hablé en esta misma columna de los peligros que observé en los comentarios que emitió el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett, durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, por considerar que, con base en información equivocada o francamente falsa, se estarían tomando decisiones que resultarían muy costosas para el país, y no solo en el aspecto económico.

Hace unos días se dio a conocer un “pliego petitorio” que la CFE dirige a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, que identifica 14 temas estratégicos de atención inmediata, así como otros 80 más específicos, que presuntamente tienen por objeto el fortalecimiento de la Empresa Productiva del Estado. En él se solicitan modificaciones sustanciales a manuales regulatorios, y a una diversidad de resoluciones y acuerdos vigentes, que en teoría otorgarían solidez financiera a la CFE. En opinión de la inmensa mayoría de los expertos en temas energéticos, de negocios y economía, esa pretendida fortaleza estaría fundada en la aniquilación de cualquier motivación para la inversión privada en infraestructura de generación de energía eléctrica, pero especialmente la que proviene de fuentes limpias y renovables, con la consecuente imposibilidad de iniciar una tan necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Si antes veíamos peligros, ahora este pliego petitorio representa un verdadero campo minado, que vuelve intransitable cualquier intento de conducir a nuestro país hacia un futuro energético vigoroso, accesible, justo y competitivo, pero especialmente congruente con el sentido en el que el mundo entero avanza para asegurar que se libre con éxito esta crisis existencial por la que estamos atravesando. Este pliego petitorio es mucho más que eso, es toda una contrarreforma energética, es la respuesta no legislativa que ofrece un gobierno errático, cargado con un pesado lastre de ideologías del pasado que han rebasado ya su fecha de caducidad, es un mazo que pretende despedazar la Reforma Energética mexicana, esquivando la vía legislativa y optando por el camino fácil que ellos mismos se fabricaron cuando vulneraron la independencia, transparencia y objetividad de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), hoy sometidos a la voluntad de una sola persona, sin importar las condiciones de mercado, la necesidad de reglas justas de participación y competencia, pero, sobre todo, dando la espalda a los usuarios del servicio de energía eléctrica, que terminarán pagando muy caras las consecuencias.

La amplia, bien organizada y profesionalmente implementada Reforma Energética que se promulgó en 2013, que se concretó en los meses siguientes con la creación de 9 leyes nuevas y la modificación de otras 12 existentes, y que colocó a México en el escenario internacional como un país moderno que tiene la mirada puesta en un futuro promisorio, no solo es ignorada y despreciada hoy, sino que se le pretende desmembrar con trampas colocadas arteramente en el campo de batalla.