Licety Díaz/SIPSE
CANCÚN, Q.Roo.- El Ayuntamiento de Benito Juárez en este período de mandato ha recuperado 4.5 millones de pesos de desvíos de recursos en el caso específico del impuesto predial, dijo el presidente municipal, Julián Ricalde Magaña.

Debido a ello “ya están sobre los presuntos responsables”, aunque  los contribuyentes tienen derecho a inconformarse y presentar los avalúos y demás documentos. Comentó que todavía quedan inconsistencias pero de índole menor, cuyas operaciones giran en los 300 mil pesos.

En la actualidad la Comuna ha detectado situaciones de inconsistencias monetarias. A pesar de ser muchas las acciones y ejecuciones debido a cambios donde establecieron un sistema que Tesorería y Catastro, están compartimentadas y conlleva que este tipo de situaciones sean detectadas por parte de un departamento u otro y está dando resultados, señaló Ricalde Magaña.

Mencionó que el municipio siempre esclarece por las vías jurídicas y quien no haga uso debido de los recursos de finanzas será sancionado y llamado a comparecer, como en el caso de Herminio Ordaz Guzmán, ex director de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, que el pasado mes de abril fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) supuestamente ante la demanda de un contribuyente por la emisión de recibos falsos por una cifra de cinco millones de pesos.

Ordaz Guzmán fue destituido de su cargo el 11 de noviembre del año pasado por falta de confianza, cuando se encontraba bajo  investigación por parte de la Contraloría municipal. 

El motivo fue porque hubo una diferenciación en el pago de impuesto predial de una inmobiliaria denominada “Casas Beta”, por un monto de más de ocho millones de pesos y debió ser de 10 millones de pesos, y en el último pago hubo una reducción de poco más de millón de pesos.

Respecto a este caso, dijo que tiene conocimiento y que por el momento se encuentra sólo sujeto a investigaciones. No lo han encontrado culpable de nada, además de otros que se están revisando por observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). 

El Ayuntamiento además está analizando casos por algunas inconsistencias en el sistema de ingresos.