Este jueves compareció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Oyarvide Pedrero, donde reconoció que uno de los principales retos en esta administración es reducir la incidencia delictiva de los dos municipios más conflictos del estado: Benito Juárez y Solidaridad.

Al reunirse con los legisladores destacó que el trabajo de combate a la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias es “no se trata de protagonismo sino de resultados”.

“Si bien la percepción general de los quintanarroenses es que toda la entidad se encuentra en agobiada por la delincuencia, lo cierto es que los demás municipios tienen una incidencia muy baja, a excepción de Othón P. Blanco, con un nivel bajo”.

El contraalmirante señaló que actualmente se tienen registrados seis mil 353 elementos policíacos activos, siendo una de las principales preocupaciones el garantizar que van a realizar un trabajo transparente y acorde a las normas.

“Hasta el momento ya avanzamos en la evaluación del 99% de estos agentes, de los cuales aprobaron cinco mil 484, lo que representa el 86%. Sólo 738 no aprobaron los exámenes de Control y Confianza, siendo esto parte de la ‘limpia’ que estamos realizando al interior del instituto”, acotó.

A pregunta expresa de los diputados, comentó que se tienen abiertas 20 carpetas de investigación por parte de Asuntos Internos por un mal comportamiento en el cargo o involucramiento con organizaciones criminales.

Otro cuestionamiento que le hicieron fue sobre el rumor de una deuda que posee la Secretaría de Seguridad Pública, respondiendo que en efecto el organismo tiene compromisos financieros por 970 millones de pesos, la mayoría contraídos en el periodo de 2021 y 2022.

Luego tocó el turno del titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Alberto Covarrubias Cortes, quien comenzó su ponencia afirmando que actualmente se tiene una cobertura de agua potable del 95.4%, correspondiente a 611 mil 529 usuarios.

Pero la información que sorprendió fue la revelación de la cartera vencida del DRAEF, organismo ejecutor de los adeudos de CAPA: 912 millones 300 mil pesos, de los cuales 383 millones corresponden a Benito Juárez e Isla Mujeres con 58 usuarios, 270 millones 880 mil pesos por 4 mil 149 usuarios de Othón P. Blanco, así como 180 millones 784 mil pesos por 344 usuarios de Solidaridad.

El funcionario estatal recalcó que de esta cantidad, total, la deuda “real” de los consumidores es de 269 millones, pero se le tiene que sumar 643 millones por multas y recargos.