El gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, planteó una reforma al Código Penal del estado con el objetivo de combatir los ataques al transporte público, una problemática que ha generado riesgos significativos para locales y turistas.

Esta iniciativa busca garantizar la seguridad de las personas y proteger la imagen del estado, hogar de 12 destinos turísticos de renombre internacional, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

¿En qué consiste la reforma al Código Penal?

La propuesta contempla la modificación y adición de cuatro artículos del Código Penal del Estado de Quintana Roo, con sanciones más severas para delitos relacionados con el sector del transporte público y privado.

Artículo 107 Bis:

Se propone que las penas por homicidio y lesiones aumenten a “una mitad más” cuando sean cometidos por prestadores de servicios de transporte público o privado. 

Actualmente, las penas por homicidio oscilan entre 30 y 40 años de prisión. Además, cuando las víctimas sean menores de edad o turistas, estas penas se incrementarán en dos terceras partes adicionales.

Artículo 162 Bis:

En este artículo buscan establecer sanciones de 2 a 6 años de prisión para transportistas que destruyan o deterioren bienes propios o ajenos en perjuicio de otras personas.

Artículo 182:

Este señala que "al que de cualquier modo dañe, altere, destruya, obstaculice o modifique alguna vía, señalización, aparato, tecnología, instalación, mobiliario de infraestructura vial, medio de comunicación o de transporte destinado a la prestación de los servicios público o privado de transporte en cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que no sean de competencia federal, interrumpiendo o dificultando los servicios”, se le aplicará de 6 meses a 4 años de prisión. 

Esta misma pena será para quien retenga cualquier vehículo del servido público o privado y obstaculice alguna vía de comunicación o la prestación del servicio del transporte. 

Artículo 185 Bis:

Los delitos clasificados como "Ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte", cuando sean cometidos por prestadores de servicios, serán sancionados con un aumento de penas de una mitad adicional. Además, estos delitos serán perseguidos de oficio.

Mensaje para el sector transportista

Esta reforma representa un intento contundente por regular las actividades de los prestadores de servicios de transporte, particularmente taxistas, quienes han estado implicados en múltiples incidentes y hechos violentos que han afectado la seguridad pública y la percepción de turistas del estado.

El documento, actualmente bajo análisis en el Congreso de Quintana Roo, subraya la importancia de tomar medidas firmes para enfrentar una problemática que afecta directamente la economía, a los visitantes extranjeros y la calidad de vida en la región.

La propuesta busca proteger tanto a los usuarios de los servicios de transporte como a los operadores que trabajan de manera legítima, además de reforzar la confianza de los visitantes en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

Quintana Roo, que anualmente recibe millones de turistas, enfrenta el desafío de preservar su imagen como un destino seguro. Los ataques al transporte no solo generan inseguridad, sino que también dañan la reputación del estado a nivel internacional.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal apuesta por garantizar un ambiente más seguro y ordenado, promoviendo un marco legal que permita sancionar de manera efectiva a quienes infringen la ley.