La semana pasada estuvieron en el debate público dos reformas constitucionales de gran importancia para la vida de los mexicanos y los yucatecos.

En una se pretende reformar la Constitución Federal en materia electoral y en la otra se reformaron la Constitución yucateca y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Vamos por partes:

En cuanto a la Constitución Federal, el presidente de la República envió una iniciativa a fin de que se modifiquen 18 artículos de la Carta Magna.

¿En qué consiste esa reforma? Básicamente en disolver el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que los consejeros del INEC y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sean electos por elección popular directa, disminuir a 300 los diputados federales y a 96 los senadores (desaparecen los “pluris”), recortar presupuesto a partidos políticos, entre otras cosas.

Algunas cosas parecen responder al clamor del movimiento oficialista, pero francamente son peligrosas para una República democrática. La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) significaría que el oficialismo, que ostenta la presidencia y la mayoría en el Congreso, proponga básicamente a la totalidad del consejo de este órgano “autónomo”, al mismo tiempo que se eligen otros magistrados electorales.

Es decir, la última palabra en materia electoral la tendrán individuos puestos por el partido en el poder, al más viejo estilo del partido hegemónico de antaño. Además, que la ciudadanía elija directamente a consejeros y magistrados, puestos que deben ser ocupados por individuos con conocimiento técnico y jurídico en la materia, privilegiará la popularidad sobre la capacidad como ya ocurre en los demás puestos de representación. Hay otras cosas para comentar, pero este espacio resulta insuficiente para tal análisis.

Respecto a la reforma aprobada por 19 de los 25 diputados locales en materia judicial hay mucho y poco que decir a la vez.

Por un lado, la intención del Ejecutivo local -al menos lo expresado en la exposición de motivos- era fortalecer al Poder Judicial yucateco y agilizar el trabajo de los juzgados de fuero común. Sin embargo, lo que se aprobó por los legisladores está muy lejos de eso.

Aumentaron de 11 a 15 los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (ahora tienen más que la misma Suprema Corte, tribunal encargado de la justicia de todo el país), eliminaron el medio de control de la ratificación y establecieron 15 años de duración en el cargo, además de que no se aumentó el número de juzgados de primera instancia, de los que faltan unos 20 -cuando menos- para desahogar la carga laboral existente. ¿Dónde está entonces el beneficio? Lo que sí, es que el nombramiento de varios nuevos magistrados pondrá en entredicho la autonomía judicial, pues tal y como ocurriría en caso de aprobarse la reforma en materia electoral, sería el Ejecutivo quien nombrará a quienes han de ocupar esos puestos. No cabe duda de que están en sintonía.

Las reformas estatal y federal tienen sus pros y sus contras, depende de quien las analice. ¿Usted cómo las considera?