Itzel Chan/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Al paso de dos años, el Colegio de Abogados ha expulsado a dos miembros por defraudar a clientes y diariamente registran un caso de este tipo, aunque por no ser agremiados no tienen injerencia en las situaciones.

“La expulsión de estos abogados ha sido por mala praxis, sin embargo, todos los días tenemos conocimiento de al menos un fraude cometido, pero nosotros no tenemos responsabilidad de tipo civil o penal, porque somos una agrupación no gubernamental”, describió Alejandro Betancourt Pérez, presidente del Colegio de Abogados en Quintana Roo.

Uno de los requisitos que son tomados en cuenta al momento de ingresar al Colegio es que tengan su cédula profesional y que estén establecidos formalmente, pues, son características que garantizan seriedad del profesionista.

Betancourt Pérez detalló que estos casos de fraude son realizados con frecuencia por aquellas personas denominadas como “tinterillos”, es decir,  los que estudiaron y se quedaron como pasantes o bien, sólo personas que aprendieron de leyes en la práctica.

“Se dan mucho en casos de material penal y laboral, porque la Constitución mexicana  establece que puedes defenderte por ti mismo o por alguien de tu confianza, entonces no necesitan cédula para litigar”, explicó el abogado.

Sin embargo, prevén que con el nuevo sistema de juicios orales este índice se reduzca.

Para evitar estos casos, el especialista sugiere a las personas que acudan a la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Trabajo en Cancún, al Colegio de Abogados o al Tribunal Superior de Justicia, donde les orientarán sobre quiénes son idóneos para trabajar.

Con frecuencia se ven involucrados en esta problemática los extranjeros, porque suelen realizar compra de bienes inmuebles por internet en empresas fantasma.

“Esto pasa en las preventas de condominios, yo he atendido cinco casos en estos dos años, en donde estuvieron involucradas varias víctimas. Hay compañías que se dedican sólo a estafar”, expuso Alejandro Betancourt.

Alma N, originaria de Canadá, realizó una compra de un inmueble en 2009 y su pago fue vía transferencia electrónica. Para entonces ella pagó 525 mil pesos, pero alega que debido a que su pago fue en dólares, a ella le debieron devolver 149 mil pesos.

La inmobiliaria no le devolvió el presupuesto que acordaron, por lo tanto ella interpuso una demanda legal y para el proceso contrató a Roberto N, persona que se ostentó como abogado, pero al revisarlo en el Registro Nacional de Profesionistas, en el sitio www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, no aparece.

Desde hace cinco años, la mujer de 60 años ha entregado cerca de mil dólares y a la fecha no ha recibido resolución en su caso, ni si quiera ha visto avances.

Al contactar a Roberto N, vía telefónica, éste aceptó ser abogado y dijo desconocer el caso de la señora Alma.

Casos como este son los que se presentan diariamente en Benito Juárez, de los cuales sólo uno al año es denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).