El delito de extorsión tiene una cifra negra por la falta de denuncias en el estado de Quintana Roo, por lo que se trabaja para incentivar las denuncias por este tipo de delitos, aseguro Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del estado de Quintana Roo.

El maestro en Ciencias Penales que encabeza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) aceptó la posibilidad, sin dar cifras, de que los bajos números por el delito de extorsión, obedezcan a una situación de miedo por parte de los afectados. “Hay un miedo y es fundado”.

Así lo expresó al terminó de la entrega de las placas a los primeros seis restaurantes en la isla Cozumel adheridos al convenio de colaboración entre la FGE y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Cozumel (Canirac).

De acuerdo con datos proporcionados por Adrián Gerardo Lozano Garza, presidente de los restauranteros de la ínsula, este programa tiene como objetivo definir medidas y mecanismos que permitan detectar actividades relacionadas con la compra, venta o distribución de sustancias prohibidas por la Ley General de Salud, al interior de restaurantes, bares locales y establecimientos comerciales de cualquier tipo que forman parte de Canirac Cozumel.

La entrega se realizó en un salón de un hotel del centro de la isla al que acudieron representantes de las agencias de seguridad en la isla y el gobierno local. Durante una breve charla con el abogado del estado, este defendió el proyecto asegurando que en Cancún los empresarios restauranteros han percibido un 80% de disminución de denuncias de extorsiones tras apegarse al convenio. “NO es una simple placa, es toda una estructura que hay detrás de esta”, afirmó.

Montes de Oca Rosales explicó que la placa instalada en un punto visible, permiten a los agentes de la FGE ingresar a los establecimientos con autorización ya extendida con antelación gracias al convenio, para hacer presencia mediante inspecciones, o bien de manera encubierta, con la finalidad de prevenir la comisión de algún delito e inhibir las extorsiones o el cobro del derecho de piso.

Los empresarios restauranteros que no deseen apegarse a esta estrategia no tendrán ningún problema, pero, deben de tomar en cuenta que, si se detecta que se comete alguna situación delictiva, esto puede ser causa de suspensión de dominio del inmueble, aseveró el fiscal de Quintana Roo.

Minutos antes, durante su intervención, previo a la firma del convenio, Óscar Montes de Oca expuso que esta es una estrategia que ya se ha implementado con éxito en Playa del Carmen y Cancún, a fin de combatir actos ilícitos contra el narcomenudeo y la extorsión.