Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La nueva administración pretende crear un reglamento para regular el servicio de grúas en el municipio de Solidaridad, que incluya concesiones y/o permisos para el salvamento y arrastre, tarifas y evitar el abuso del que han sido señaladas en los últimos años.

René Medrano Ríos Domensain, director de Asuntos Jurídicos en el ayuntamiento, anunció que se revisarán propuestas que se han hecho en otras administraciones y serán las bases para esta regulación que pretenden hacer.

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“Estamos estudiando las propuestas que puedan dar solución a estas quejas, el Cabildo ya tendrá que optar por alguna solución. De mi dirección va a empujar esta propuesta, ya se acordó a tener reuniones de trabajo con las empresas y se va a invitar a las cámaras empresariales para que participen en la definición de esta reglamentación”, dijo.

La tesis bajo la cual nacerá esta iniciativa es que las empresas de grúas no tienen un tarifario homologado y realizan cobros a veces impagables para los automovilistas, e incluso cuando son requeridas por la Dirección de Tránsito en operativos alcoholímetros suelen triplicar sus costos.

Hace dos años, la pasada administración sacó a todas las empresas del rol para apoyo a la Dirección de Tránsito, se creó la Coalición de Grúas de Quintana Roo para presionar al gobierno a tener esa intervención; al frente estaba Erik Borges Yam, quien anunció que esa asociación ya no existe.

Sin embargo, dijo que él, quien además representa a Grúas Riviera, mantiene su postura de apoyar esa regulación basados en los tarifarios que propone la SCT, con un banderazo que va de los 350 pesos a los 600 dependiendo del tipo de grúa, y que sumados al servicio alcanza entre mil 200 a mil 500 pesos dependiendo el tipo de vehículo que se va remolcar.

Ríos Domensain dijo que se podrían dar permisos, con lo cual las empresas tendrían que conseguir con el Ayuntamiento una autorización, siempre y cuando cumplan con las directrices que contendrá el futuro reglamento; la otra figura es la concesión, con lo que el Ayuntamiento sería el responsable directo del servicio y delegar a las empresas la responsabilidad con la posibilidad del retiro de la misma en caso de ser contrario a la norma.

“Estamos pensando incluso que el Ayuntamiento adquiera sus propias grúas y adaptar un predio del patrimonio municipal para un corralón. Esto es responsabilidad del Ayuntamiento, dar asistencia en el arrastre y salvamento en hechos de tránsito pero como tiene se apoya en los privados”, declaró.

El rumbo que se lleve con esta regulación se tomará en las mesas de trabajo a las que se invitarán a las ocho empresas de las que el Ayuntamiento tiene registro, aunque Erick Borges aseguró que justo por la falta de orden ya operan en total 12.