Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo requirió al Congreso del Estado el cumplimiento de la sentencia de amparo 1505/2017, que ordena analizar, una vez más, la ratificación de Mario Aguilar Laguardia, como magistrado del Poder Judicial.

Fue en agosto pasado, cuando el Primer Tribunal Colegiado resolvió el expediente 371/2018, mediante el cual confirmó la primera sentencia, aunque fue la semana pasada cuando causó ejecutoria, por lo que el juez federal procedió a ordenar su cumplimiento.

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La responsabilidad estará en manos de Lilí Campos Miranda, actual presidenta de la Comisión de Justicia, cuyos integrantes deberán valorar de forma objetiva cada uno de los elementos y argumentos aportados por Aguilar Laguardia.

La sentencia resuelta desde el año 2018 y cuyo cumplimiento fue alargada mediante una impugnación de la anterior Legislatura, establece dos puntos específicos que deberán respetar los nuevos diputados.

El primero es dejar insubsistente el Decreto 104, que declaró cumplidos el periodo de seis años del quejoso y que negó su relección; y dos que emita otro decreto, en el cual, debidamente fundado y motivado y resuelva sobre la ratificación.

La sentencia dejó en evidencia una serie de omisiones por parte de la XV Legislatura, principalmente de la Comisión de Justicia que encabezó Carlos Mario Villanueva Tenorio y Fernando Zelaya Espinoza.

Algunos de ellos fue el hecho de que, a pesar de las constancias presentadas por Aguilar Laguardia, los legisladores resolvieron que no se había capacitado ni actualizado en materia de justicia.

“Con base en las constancias que obren en el procedimiento, se precise que el quejoso sí acreditó su participación en diversos cursos y diplomados que hacen patente la preparación y actualización de sus conocimientos y se omita establecer que el quejoso incurrió en grave falta de interés en prepararse, capacitarse y actualizarse”, señala la sentencia.

Los nuevos diputados no deberán considerar en este segundo análisis las quejas y denuncias sin sustento, que utilizaron sus antecesores para negar la ratificación del magistrado.

En caso de incumplimiento, el Congreso del Estado que preside Edgar Gasca Arceo, presidente de la Junta, y Gustavo Miranda García, presidente de la Mesa Directiva, podrían ser acusados de desacato.