Urge publicación de herramientas jurídicas

Se estima que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco la realice antes del 29 de septiembre.

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Son 130 mil pesos, aproximadamente, los que el Ayuntamiento está obligado a erogar para la publicación de los cuatro reglamentos. (Archivo/SIPSE)
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Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q.Roo.- Que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco cuente con sus herramientas jurídicas, como lo son los Reglamentos de Transporte, Combustibles, Salud y Protección Civil, es ya una necesidad y su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) se estima sea antes del 29 de septiembre próximo, fecha en que culmina la administración de Carlos Mario Villanueva Tenorio, dio a conocer la regidora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, Gabriela Santana Duarte.

"Son 130 mil pesos, aproximadamente, los que el Ayuntamiento está obligado a erogar para la publicación de los cuatro reglamentos, acuerdo que ya estaba pactado con  la Tesorería Municipal para que se ejecutará el flujo del gasto financiero para el mes de septiembre, para que el trabajo del Cabildo no quede como letra muerta", dijo.

Respecto al Reglamento de Transporte, por ejemplo, en su momento aplicó para las condiciones con las que operaba Grupo Bahía, pero desde que canceló actividades el pasado 12 de abril del año 2012, las cláusulas quedaron obsoletas para las dos concesionarias que se “aventaron el paquete” en ese entonces, Santa Elena y Gómez.

De acuerdo con Gabriela Santana Duarte, en el Programa Operativo Anual (2012) se contempló dicho flujo financiero, pero el escenario real es que no se erogó, situación que marca cierta irregularidad por parte de la Tesorería Municipal; sin embargo, el pleno del Cabildo autorizó el envío del documento al Congreso del Estado para su fiscalización.

Respecto al tema, el concejal por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, Juan Carlos Pallares Bueno, advirtió que se avecinan contratiempos en el protocolo de entrega-recepción ya que en el preciso instante que se detecte por parte de la nueva administración municipal que el pago fuera autorizado, pero no ejecutado, se abrirían investigaciones administrativas contra quienes resulten responsables.

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