Con el afán de no coincidir con las elecciones federales, específicamente las de elección de presidente de la República, las distintas legislaturas quintanarroenses han sorteado las múltiples reformas constitucionales que obligaban a que todos los procesos electorales se celebraran en una misma fecha, lo que estimaban, generaría un importante ahorro en el costo electoral nacional.

De esa forma, desde la elección del Congreso Constituyente de 1974, los procesos electorales que definían la conformación de las correspondientes legislaturas, se celebraron un año previo a la elección presidencial o con un lapso de dos años posteriores a la definición del Ejecutivo Federal, lo que otorgaba condiciones de “libertad” al elector respecto de la influencia que el arrastre en la elección presidencial podía ejercerse y el bono electoral del partido político en el poder federal.

2013 fue el primer año en que se llevó a cabo una elección legislativa en Quintana Roo con únicamente un año de separación posterior a la elección presidencial federal; el efecto fue inmediato y eficaz para el PRI, que habiendo ganado la elección 2012 en manos de Enrique Peña Nieto, arrasó en las urnas quintanarroenses para quedarse con el control total del Congreso del Estado durante la legislatura 2013-2016.

Las condiciones del proceso electoral en 2019 parecen dar un panorama de éxito a Morena, que habiendo sepultado en las urnas a sus adversarios en la reciente elección de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un importante ejército electoral y estructuras muy aceitadas además de entusiasmadas por comenzar la conquista de posiciones políticas de relevancia en Quintana Roo.

Pero dejar el Congreso del Estado en manos de Morena no es una muy buena noticia para el gobernador Carlos Joaquín González. Entre ex priístas enojados, otro tanto de infiltrados y muchos rivales, una legislatura con mayoría morenista dificultaría la carta de navegación del Ejecutivo Estatal en la segunda mitad de su mandato y claramente lo pondría contra la pared en la autorización de los presupuestos, reformas y cuentas públicas hasta su salida.

Distintos análisis políticos hablan de un frente anti-Morena en el que todos los partidos de oposición establezcan una gran alianza de facto para impedir el asalto del Congreso del Estado por el partido del presidente López Obrador, lo que de suyo resulta interesante en su intención pero sumamente complicado en su implementación por la convulsión política derivada de la elección 2018.

El horizonte parece presentar al gobernador, un importante reto de operación política ante un posible Congreso opositor, situación atípica en la historia local pero que ante la coincidencia con la elección extraordinaria en Puebla, puede ser el laboratorio de resurgimiento de un nuevo frente de político en México antagonista a AMLO.