Con la atención nacional puesta en una denominada “guerra contra el huachicol”, centrados en el desabasto de combustibles y su posible impacto al abasto de mercancías a nivel nacional, el entorno mediático y la discusión social ha omitido señales inequívocas de la materialización del primer postulado del presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de protesta.

Como recordamos y se señaló en esta columna, López Obrador habló desde sus primeros segundos como titular del Ejecutivo Federal, de un cambio de régimen político, atacando al neoliberalismo que llamó corrupto – como si las corrientes políticas lo fueran por sí mismas – pero sin especificar el régimen político que pretende instaurar en México, y mucho menos sobre qué elementos económicos y sociales lo llevaría a cabo.

Lo que sí resulta claro, es que la estrategia que plantea la administración de AMLO ya está echada para adelante. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla la construcción de 100 universidades denominadas “Del Bienestar” que, creadas con el pretexto de abatir el rezago educativo en nivel superior, no cuentan con un marco legal claro y se contraponen en gran medida a los principios de libre cátedra y libertad de aprendizaje, pues ante la falta de regulación específica pueden ser evidente objeto de institucionalización de doctrinas de cualquier índole, siendo evidente las de conveniencia política para el partido del presidente.

Por ello, con el millonario presupuesto que obtuvo Morena a través del INE producto de la elección 2018, el Instituto de Formación Política de ese partido político prevé invertir 400 millones de pesos en la formación de cuadros políticos con la participación como Consejeros de ese plan, de personajes como Paco Ignacio Taibo II, hoy Director del Fondo de Cultura Económica; John M. Ackerman, investigador de la UNAM, serio contendiente de la rectoría de la UNAM y esposo de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; así como de Lorenzo Meyer, historiador y padre del hoy Secretario de la Sedatu.

La casual relación e influencia de estos “consejeros” con la administración pública federal resulta preocupante. Durante años nuestra democracia pugnó por separar la ideología partidista de las universidades, efectos como el famoso #YoSoy132 demostraron que la autonomía de pensamiento en las instituciones de educación superior era efectiva y positiva para el ejercicio de las libertades por las que tanto ha luchado la sociedad mexicana.

Hoy, con la cartilla moral como catecismo nacional, pretenderán iniciar la redacción de una constitución moral que ate el actuar del mexicano libre a las necesidades de permanencia política de Morena, qué importa si en el ínter se violan los artículos 5, 24 y 27 Constitucionales y si la libertad de educación, de convicciones éticas, de conciencia y de religión se sustituyen por la voluntad de un solo hombre.