El 1 de julio será la jornada electoral. Se elegirá presidente de la república, diputados federales y, al mismo tiempo, se renovarán los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, compuestos por un presidente municipal, un síndico y sus regidores, para un lapso de tres años, con posibilidad de reelección para el período inmediato.

Esa inédita concurrencia implica un extraordinario esfuerzo de las autoridades responsables y una gran movilización de los ciudadanos, lo cual debería traducirse en un proceso democrático transparente y pacifico del que emanen autoridades legitimadas por el voto popular.

Aunque lamentablemente el desarrollo democratizador sigue enfrentando la resistencia de sectores anclados en el pasado y la implementación de prácticas fraudulentas. Como consecuencia, suceden conflictos poselectorales, incluido el ascenso de autoridades cuestionadas por su limitado respaldo.

Por todo ello, hoy la gente expresa abiertamente su hartazgo por estos modelos y condena los abusos del poder. Son estas mismas personas las más interesadas y participativas en cuestiones políticas, que están pendientes del curso de las campañas para dar testimonio o denunciar presuntas violaciones a la ley.

De hecho, ya comienzan a reaparecen los activistas que aspiran concientizar en torno al voto útil, más que al voto blanco, voto nulo o abstencionismo que solo favorecen a determinados grupos incrustados en el poder. Porque nadie desea a quienes propaguen mentiras o desvirtúen los hechos reales.

Afortunadamente, en el estado no se ha padecido el azote de la delincuencia organizada, que en algunas entidades pretende involucrarse en las actuales contiendas, buscando influir en los resultados mediante amenazas.

Ahora, el reto es generar un clima de seguridad y libertad, aun cuando el contexto de violencia por la lucha entre bandas criminales enturbie las condiciones y obligue a las fuerzas políticas a modificar las estrategias haciéndolas más eficaces, como ya lo hacen.

En tales circunstancias, como integrantes de la sociedad civil se convierte en un deber observar detenidamente el desarrollo del proceso, estableciendo un compromiso con las instituciones y con la propia ciudadanía.

Si servidores públicos, líderes políticos y ciudadanos organizados conjuntan tanto acciones como buena voluntad, esta justa será auténticamente histórica. Esta debería ser la primera y gran motivación de todos los actores.