Con una sentencia tajante que puso freno al desarrollo urbano a costa del sacrificio ambiental, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en la entidad determinó proteger al malecón Tajamar y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –la que previamente había otorgado la autorización al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para continuar con la devastación de la zona– iniciar con los trabajos de reforestación del mangle.

Esta decisión sienta un precedente para los desarrolladores e inversionistas que por muchos años tuvieron el camino libre en Quintana Roo para edificar en zonas naturales endebles que requerían protección, gracias a que las autoridades federales, estatales y municipales siempre antepusieron el desarrollo económico sobre el cuidado al medio ambiente.

Tajamar se convirtió en un símbolo para Cancún y para las organizaciones defensoras del medio ambiente. Técnicamente, Fonatur contaba con todos los permisos y autorizaciones, incluyendo estudios de impacto ambiental autorizados por la Semarnat para construir en el lugar edificios de departamentos y plazas comerciales, pero la oposición decidida de los cancunenses y los ambientalistas puso freno al proyecto.

Pese a ello, los potentados inversionistas y la Fonatur no dieron su brazo a torcer, e interpusieron recursos legales para continuar con la explotación del malecón Tajamar, los que finalmente fueron bateados por la sentencia de este Tribunal federal.

Por supuesto que la decisión tiene muchas aristas que traerán complicaciones legales, ya que las tierras de Tajamar, valuadas en casi dos mil millones de pesos, son una propiedad privada que ahora, por decisión legal, no podrán ser utilizadas para ningún tipo de proyectos.

Los legítimos dueños tendrán todo el derecho de exigir la restitución de su inversión a Fonatur, lo que coloca en un severo aprieto a este organismo del gobierno federal.

Y el asunto se puede enredar aún más, porque así como Tajamar hay miles de hectáreas en zonas de playa y selva con vegetación protegida destinadas a convertirse en hoteles, resorts y residenciales, proyectos que podrían estar en riesgo por la jurisprudencia recién sembrada por la justicia federal.