Octavio Martínez/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alrededor de 17 mil inmuebles en Solidaridad operan rentas fuera del radar del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de no ponerse en regla, incurrirán en un delito fiscal, según las reformas fiscales aprobadas esta semana a nivel federal.

La Fundación para la Inversión de la Riviera Maya realizó un cálculo de 19 mil unidades en renta, de las cuales, estimó que sólo 10% está dada de alta ante el SAT.

Pedro Escobedo Vásquez, representante estatal de Fiscalistas.Net, y Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Fundación para la Inversión de la Riviera Maya, coincidieron que los ciudadanos deben de atender de manera estricta las nuevas disposiciones en materia fiscal para no caer en alguna situación de delito.

El registro ante la autoridad tributaria garantizará que el contribuyente pueda conservar su propiedad, ante cualquier situación legal.

“Invito a los contribuyentes, a las personas físicas principalmente para que acudan al SAT, para que vean cuál es la obligación de emitir comprobantes fiscales, es decir, un comprobante que se da a su arrendatario (…) lo que pasará si no lo hace y la autoridad lo requiera, caerá en una defraudación fiscal, es decir, que no ha contribuido al fisco y hoy las reformas fiscales establece en el Código Penal Federal, es que se puede vincular por el delito de delincuencia organizada”, comentó Escobedo Vásquez.

Apenas en la noche del pasado lunes, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen enviado por el Senado de la República en la que se reforman diversos artículos de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, del Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Estas nuevas disposiciones entrarán en vigor el próximo 1 de enero y entre otras medidas, contempla evitar la emisión de facturas apócrifas, con penas de hasta ocho años de cárcel y prisión preventiva para quien se encuentre inmiscuido en un caso de este tipo.

Gutiérrez Álvarez sostuvo que en el municipio de Solidaridad estas medidas tendrán un gran impacto por la intensa actividad turística que se acompaña estrechamente con la renta de viviendas, no obstante, calificó la medida de manera punitiva por parte del actual gobierno federal.