El Congreso del Estado realizará las adecuaciones a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, para acatar lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hugo Alday Nieto, diputado que preside la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, comentó que en dicha reforma se busca eliminar los montos máximos para reparar cualquier daño ocasionado por servicios públicos deficientes.

“De inmediato atenderemos la sentencia, por lo que se tendrá que modificar y eliminar cualquier tope máximo. No pueden existir topes máximos cuando se trata de la reparación de un daño”.

Comentó que si bien los legisladores esperan la notificación oficial, mencionó que ya se comenzaron las labores de engrose para comenzar a preparar la reforma, en primera instancia, en las comisiones de Puntos Constitucionales -presidida por Humberto Aldana Navarro- y tal vez la de Justicia del Congreso del Estado, presidida por el entrevistado.

Consideró que esta reforma es “muy sencilla, únicamente es eliminar el tope” por lo que se prevé que esté lista en este periodo ordinario de sesiones.

“Quedará establecido que se pagará lo que se cuantifique. Hay que recordar que estas cuantificaciones se tienen que acreditar mediante un proceso y, a partir de ahí, lo que establezcan las instancias de derechos humanos; la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo pudiera participar, es evidente que los organismos jurisdiccionales también tienen que participar”.

El diputado local señaló que el establecer un tope a las indemnizaciones por acciones de parte del Estado, como indica la fracción segunda del artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, es violatorio a los derechos humanos.

“Es una resolución que es lógica, es obvia, no puede una norma local establecer un límite o un parámetro específico para reparar daños (...) Esto atiende, específicamente, a un derecho humano fundamental que es aquel de poder recibir una indemnización adecuada por los daños que me cause el Estado”.

Señaló que la actual disposición, que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es contraria al artículo primero de la Constitución General, que obliga a todos los niveles y a todos los poderes a atender y a seguir los lineamientos establecidos tanto por la Carta Magna como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Alday Nieto comentó que esta reforma eliminará los topes tanto en los daños materiales causados a inmuebles, vehículos o cualquier otro bien material, como en otros donde hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, en donde no se puede colocar un tope.

“Como en el caso de Ayotzinapa o Tlatlaya, en donde hubo terribles daños a particulares, perpetrados por la mala actuación del Estado en sus tres niveles de gobierno y que obviamente una vez que se solucionan estos temas, se tiene que indemnizar y se tiene que pagar gastos y costos a los afectados y, parte de ello es el daño moral que sufre el sujeto por la afectación (...) Esos son parámetros distintos en donde el mismo Estado no puede decir ‘te voy a pagar hasta tanto’”.

Subrayó la importancia de las determinaciones de la SCJN, el cual son un garante de la constitucionalidad y el respeto a los derechos humanos del país, por lo que alabó que el máximo tribunal esté al pendiente de todas las resoluciones y decisiones que se toman en los Congresos locales.