Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los secuestros incrementaron en Quintana Roo durante los primeros cinco meses de este año, comparado con el mismo periodo de 2016, donde se había denunciado apenas un caso contra cinco registrados actuales.

Tan solo en el sur del estado, en las recientes fechas se han reportado al menos dos casos de privación ilegal de la libertad, que se suma a otro registrado en el mes de marzo, según los datos oficiales de incidencia delictiva.

De los cinco secuestros reportados formalmente, entre enero y mayo de este año, cuatro se registraron en el municipio de Benito Juárez y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

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Entre los casos registrados en este mes de julio, está el caso de una empresaria de la Alcaldía de Nicolás Bravo, quien según los hechos denunciados el miércoles 12 de julio presuntamente un grupo armado la privó de su libertad en su tienda ubicada en esa localidad. A una semana de los hechos, las autoridades policiacas no han resuelto el caso.

El más reciente, se registró en la ciudad de Chetumal, donde una maestra fue privada de su libertada cuando realizaba ejercicio en el Bulevar Bahía, la noche del martes fue rescatada en un domicilio de la colonia del Bosque.

Sobre ese hecho, Miguel Ángel Pech Cen, titular de la Fiscalía General del Estado, entrevista radiofónica, dijo que la instancia trabaja para determinar la estrategia a seguir para solicitar la vinculación a proceso de la persona detenida.

“Estamos en la precisión exacta, de la forma que fue realizada el hecho delictivo, y finalmente dónde están las otras personas para poder vincular a proceso al sujeto detenido”, detalló el funcionario.

De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal del Estado de Quintana Roo el delito de secuestro se castiga con prisión de 10 hasta 25 años y de mil 500 a dos mil días de multa, mientras que con agravantes la pena sube de 25 a 50 años de prisión.

Para catalogar un delito como secuestro es necesario acreditar que el propósito sea obtener un rescate o cualquier otro beneficio; que la autoridad, un familiar o un particular realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; o causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él.