El asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, se ha puesto nuevamente en activo, luego de que el jueves 23 de marzo el juez federal John A. Kronstadt dio la orden de reabrir el juicio.

Si bien dicho caso supuso la mayor crisis diplomática entre Estados Unidos y México, recursos legales promovidos por Raúl López Álvarez -uno de los últimos sentenciados por el crimen- han dado un giro inesperado.

Recientemente, el ex policía y su defensa han argumentado que el FBI presentó evidencias poco sustentadas, además de declaraciones exageradas que propiciaron a que fuera condenado a cuatro sentencias consecutivas de 60 años en agosto de 1988, según consta un documento judicial citado por la periodista Laura Sánchez Ley.

Las pruebas por las que se reabrirá el caso.

Por cargos de conspiración en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, el ex policía judicial de Guadalajara, Raúl López Álvarez, enfrentó un proceso judicial en donde presentaron más de 200 objetos recabados en la casa donde fue torturado el agente de la DEA.

Además, de acuerdo con el documento número 88-5421 emitido por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, la principal evidencia en contra del ex policía judicial de Guadalajara consistió en confesiones grabadas en video que le hizo a Abel Reynoso y a José Reyes García, ambos agentes encubiertos de la Administración de Control de Drogas.

Cabellos, fibra de cuerda, alfombras y almohadas fueron presentadas ante la fiscalía estadounidense por Michael Malone, -quien en aquella época se desempeñaba como jefe de la Unidad de Pelos y Fibras del Laboratorio del FBI- luego de que Raúl López Álvarez fuera detenido el 27 de octubre de 1987.

Fueron exactamente dos supuestos cabellos de López Álvarez y algunas declaraciones que ha admitido que son falsas las que el juez Kronstadt ha considerado que no fueron acusaciones creíbles, pese a que en su momento las autoridades las consideraron suficientes para sentenciar al ex policía.

Respecto a las supuestas confesiones con las que López Álvarez “se inculpó”, éstas se realizaron luego de que en una misión secreta de la DEA el ex policía judicial de Guadalajara aseguró que tenía experiencia como sicario para realizar “levantones”, “choques eléctricos” y otras modalidades de tortura que también fueron identificadas en el cadáver de Kiki Camarena.

Incluso, Raúl López se refirió a dichas prácticas como el “Camarena Style”, no obstante, tiempo después admitió que dichas declaraciones fueron “fanfarronerías” que había leído en una revista que contenía información sobre asesinatos y que el objetivo de decirlo fue únicamente “blofear”.

Durante el juicio, el agente de la DEA Abel Reynoso aseguró que había evidencia de que Raúl López había participado directamente en el secuestro e interrogatorio en contra de Enrique Camarena Salazar.

Reynoso también afirmó que el ex policía le había confesado haber golpeado a Kiki Camarena con tubos de hierro que habían sido previamente calentados, además de que la tortura había durado un día entero y parte de la noche.

Dentro de los factores que autoridades sí tomaron como verdaderas para sentenciar al ex policía destacaron su colaboración y cercanía con dos de los cabecillas del Cártel de Guadalajara: Rafael Caro Quintero, mejor conocido como El Príncipe o el Narco de Narcos y Ernesto Fonseca, alias “Don Neto”.

Sin embargo en el documento 88-5421 del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos consultado por Infobae se detalló que la defensa del ex policía judicial de Guadalajara argumentó que su representado “mintió deliberadamente a Reynoso: fingió que había estado involucrado en el caso Camarena para convencer al agente de que era ‘un narcotraficante de alto nivel asociado con Caro Quintero’”.

Por ello, Raúl López Álvarez y sus abogados han argumentado que el tribunal aplicó incorrectamente la doctrina de los rumores, violando así sus derechos bajo la ley federal y la Sexta Enmienda.

Al respecto, el juez federal Kronstadt admitió que en su momento las acusaciones en contra de Raúl López Álvarez estuvieron respaldadas por evidencia creíble y por un jurado que estaría sustancialmente capacitado para creerlas, no obstante, a casi cuatro décadas del crimen, aseguró que las cosas han cambiado.

De acuerdo con un documento judicial difundido por la periodista Laura Sánchez Ley, la mencionada autoridad estadounidense reconoció que el gobierno realmente no pudo probar que se encontraron los cabellos de Raúl López Álvarez en la casa y que, pese a ello, el gobierno persuadió al jurado para que prestaran especial atención en dichas evidencias forenses recabadas por el FBI.

Aunque el controversial caso ha sido abierto nuevamente, el juez federal destacó que independientemente de que las imputaciones en contra de López Álvarez quedaron anuladas, el ex policía judicial de Guadalajara no podrá obtener libertad bajo fianza y tendrá que enfrentar el nuevo juicio desde prisión. Se tiene previsto que el nuevo proceso comience dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la sentencia de John A. Kronstadt.

En el caso “Kiki” Camarena, el nombre del señor Bartlett ha sido mencionado por diferentes personas y en diversas ocasiones, en la investigación por el asesinato del agente de la DEA, por lo que sería una sugerencia muy recomendable que este personaje se presentara a declarar y diga “si tiene o no” injerencia en el asunto, ya que el que nada debe, nada teme, y eso lo debe tomar muy en cuenta. Mientras tanto queda en entredicho su inocencia.

Trump queda formalmente acusado por un jurado de Nueva York

Es el primer ex mandatario en la historia de Estados Unidos que es acusado de un delito. Lo investigan por un pago a una actriz de contenido adulto durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en 2016

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente por un gran jurado de Nueva York por el pago a una actriz porno para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016, una violación a las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales.

De esta forma, el magnate de 76 años se convirtió en el primer presidente o ex mandatario estadounidense acusado de un delito y se podrían complicarse sus aspiraciones de ser elegido postulante presidencial republicano para las elecciones de 2024.

También sería la primera vez que podría verse a un ex presidente estadounidense arrestado, registrado con toma de huellas dactilares, y posiblemente esposado.

La semana pasada, Trump advirtió de una potencial situación de “muerte y destrucción” si lo acusaban formalmente.

Está previsto que Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa, se entregue a las autoridades la próxima semana, según una persona al tanto del asunto que no estaba autorizada a hablar de un asunto que sigue estando bajo precinto.

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.

Hasta ayer mismo, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril.

Stormy Daniels, actriz y directora de cine para adultos cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha dicho que recibió el dinero a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006, que ya estaba casado con su actual esposa, Melania.

El abogado personal del ex presidente, Michael Cohen, dijo que Trump envió pagos secretos a Daniels y a una segunda mujer, la ex modelo de Playboy Karen McDougal, quien también dijo que tuvo una relación sexual con él. Trump ha negado tener aventuras con las dos mujeres.

Los fiscales federales examinaron el pago de Daniels en 2018, lo que condujo a una sentencia de prisión para Cohen, pero no presentaron cargos contra Trump.

En esa línea, el Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- el segundo caso de la modelo de Playboy.

Karen McDougal, que fue “chica Playboy” del año 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en el año 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150,000 dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.

El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad.

(Con información de AP, EFE y Reuters)

Esto es una realidad, ver como ya en todo el mundo están juzgando a los presidentes por corruptos o por cometer ilícitos, lo lamentable es que aquí en México, todavía no vemos que nada de eso pase. Esperamos pronto que llegue uno de esos días en que veamos que también se cumple la ley en nuestro país.

Pide el INE eliminar de la mañanera dichos de AMLO donde pide no votar por la oposición

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la eliminación de una parte de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que hace un llamado a no votar por la oposición, bajo el nombre del “plan C”, al considerar que se vulnera la equidad en la contienda del proceso electoral en curso.

El PRD y la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presentaron una denuncia contra López Obrador por sus declaraciones durante la conferencia matutina en la que llamó a no votar por la oposición.

El proyecto, aprobado por unanimidad, propuso declarar procedente la medida cautelar porque de un análisis preliminar “se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra”.

“Ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, expresó el presidente López Obrador en su conferencia del pasado 27 de marzo.

El consejero Ciro Murayama señaló que desde 2007 que se reformó la Constitución, se impuso un deber de neutralidad a los servidores públicos, para que no sean parte de la disputa política.

“Lamentablemente no es la primera vez, ni es una sorpresa que el presidente de la República haga este tipo de expresiones”, recordó.

“Es preocupante que sea desde el Gobierno, desde la Presidencia de la República, desde donde se atenta contra las reglas del juego democrático. A mí me preocupa que a unos meses de que inicie el proceso electoral federal, la actuación del Gobierno de la República se sustraiga al respeto del marco Constitucional y legal”, sostuvo Ciro Murayama.

Por su lado, la consejera Claudia Zavala dijo que en la discusión pública se ha señalado a la comisión de cometer censura, a lo que precisó que el artículo 134 de la Constitución establece deberes para impedir el uso del poder público a favor o en contra de un partido o candidato.

“Sí llama directamente a no votar por un grupo conservador que en la lógica y la discusión pública se tiene perfectamente identificado a quién es el bloque conservador. Y allí ha colocado a partidos políticos”, sostuvo.

La consejera Adriana Favela apuntó que se está garantizando la equidad en la contienda, así como la neutralidad en el actuar de los servidores públicos.

“Con estas expresiones del Presidente de la República, lo que se podría poner en riesgo los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México”, advirtió.

No es sólo el Plan C: quieren resucitar el B (Carlos Loret de Mola)

Presionan para que SCJN vote la primera parte de la reforma en la primera quincena de abril

El Plan C funcionó para el obradorato: prácticamente garantizaron quedarse con la presidencia del INE, si no es que más. Con el viento a favor, quieren ahora resucitar el Plan B que fue totalmente suspendido por la Suprema Corte de Justicia. Así es como le quieren hacer:

Las suspensiones a las dos partes del Plan B de la reforma electoral de López Obrador contra el INE funcionan mientras el pleno de la Corte analiza el asunto a fondo y lo vota. Lo que quiere el gobierno es apresurar esa votación. Y están presionando fuerte para ello.

Me revelan fuentes de primer nivel que a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de las dos ministras que operan para el presidente, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la administración federal está presionando para que la votación en la SCJN de la primera parte de la reforma electoral suceda en la primera quincena de abril; así, si pierden esa votación (como es previsible), tengan tiempo de volverla a presentar y volverla a votar en el Congreso pues el periodo ordinario de sesiones termina el último día de abril. Y esta vez hacer el trámite en el Legislativo sin violar el proceso, que fue lo que abrió la puerta a las impugnaciones.

Hay que recordar que la primera parte del Plan B de López Obrador fue impugnado con un argumento fácil de entender: en cosa de tres horas los legisladores recibieron, analizaron y votaron un documento de más de 600 páginas, eso es humanamente imposible. El Legislativo puede votar en fast track en casos de emergencia (pandemia, desastre natural, etcétera). La reforma electoral no era una emergencia. Lo que sucedió es que los legisladores del bloque oficial, al ver que perdieron la votación del cambio constitucional, en cuestión de minutos agarraron una iniciativa del presidente, le cambiaron el remitente para presentarla como si fuera de Morena, le agregaron dos parches para complacer a sus aliados PT y Verde, se brincaron el análisis y votación en comisiones, la subieron al pleno y la aprobaron.

Por este apresuramiento, la primera parte del Plan B fue impugnada ante la Suprema Corte. El caso le tocó al ministro Arturo Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión en lo que el pleno de los ministros le entra de lleno al asunto y vota. Esa votación es la que el gobierno quiere que suceda ya, a inicios de abril, porque calcula que la va a perder y su objetivo es que le dé tiempo de reponer el procedimiento impugnado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. ¿Por qué? Porque si la oposición se mantiene unida, el oficialismo no tiene los suficientes votos para convocar a un periodo extraordinario y el siguiente periodo ordinario es hasta septiembre, con lo cual, de aprobarse en esas fechas la reforma, ya no podría entrar en vigor para la elección del 2024 porque la ley marca que cualquier cambio tiene que aprobarse tres meses antes del inicio del proceso electoral, y no dan los tiempos.

Sin embargo, en la Corte -me dicen las fuentes- el ánimo es que esta primera parte del Plan B será discutida y votada hasta la segunda quincena de abril. El obradorato vería frustrado su objetivo de resucitar el Plan B.

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Es importante señalar que a quienes designen como Comisarios del INE, estos deben participar positivamente para que exista la garantía de que si hay democracia en nuestro país, haciendo momentáneamente a un lado al partido al que estén afiliado, ya que su deber al actuar es en bienestar de México, no sólo de un partido.

El PRI votará en contra de las propuestas presentadas para renovar INE: Alito

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, anunció que su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados votará en contra de las propuestas presentadas para la elección de tres nuevos consejeros y la presidenta del INE.

En redes sociales, “Alito” Moreno advirtió que el PRI no permitirá procesos amañados que pongan en riesgo la democracia en el país.

“Votaremos En Contra de las propuestas presentadas para la Presidencia y consejerías del INE, porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas en este importante proceso”, comentó.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, señaló que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quiere “descarrilar” el proceso de elección de consejeros y la presidenta del INE, siguiendo instrucciones de la dirigencia nacional de su partido.

Detalló que se reuniría la Jucopo para impulsar un acuerdo “que no sea motivo de cuotas y de cuates”, e invitarán al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, para pedirle que no interceda en el proceso.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados ya tiene lista una impugnación en contra del acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, por el que se integraron las quintetas con 20 aspirantes al Consejo General del INE para el período del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

La querella la presentará el vicecoordinador de la bancada albiazul, Jorge Triana, y se interpondrá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con fuentes de ese partido, será este miércoles cuando se interponga la impugnación.

El Instituto Nacional de Migración, ha adjudicado el resguardo de sus instancias migratorias a empresas con irregularidades

Negligencia y aparente arbitrariedad en la actuación de los agentes de seguridad fueron los factores principales que provocaron uno de los más lamentables sucesos en la historia reciente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante las amenazas de su posible deportación, un grupo de personas migrantes que habían sido detenidas en la estancia provisional del Puente Internacional Lerdo Stanton inició una protesta al interior del inmueble, durante la cual prendieron fuego a una pila de colchonetas.

Mientras el fuego se dispersaba y el humo llenaba el espacio, los oficiales de seguridad que tenían la encomienda de resguardar la integridad de los migrantes se limitaron a observar y salir de las instalaciones sin quitar el candado de la celda. Abandonaron a los 68 hombres que habían sido detenidos ese mismo 27 de marzo.

El incendio, además de causar la muerte de 39 personas, desató múltiples cuestionamientos sobre los protocolos en materia de seguridad y protección civil del Instituto Nacional de Migración (INM).

Documentos e informes oficiales consultados por Infobae México revelaron que en años recientes el Instituto ha puesto el resguardo de sus estancias migratorias en manos de empresas con múltiples irregularidades.

Camsa, la empresa que “cuidaba” la estación de Ciudad Juárez.

Como parte de las investigaciones por el fallecimiento de los 39 migrantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó a ocho presuntos responsables, cinco de los cuales son elementos de una empresa de seguridad privada.

La titular de dicha secretaría, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reveló que la compañía encargada del resguardo de la estancia provisional del INM Ciudad Juárez al momento en que ocurrió el incendio era Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V.

Camsa, identificada comercialmente como Grupo Tank, fue establecida en 2015 en la Ciudad de México y, de acuerdo con documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), su apoderado es Gerardo Saladaña Pimentel. Además, la SSPC identificó a dos socios: David Vicente Salazar Gasca y George McPhail.

Entre las actividades que ofrece Camsa, según su descripción en el registro de marca, están servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, monitoreo de llamadas telefónicas, inspecciones de equipaje, escoltas personales, vigilancia nocturna, agencias de detectives e investigación sobre personas desaparecidas.

Y aunque la dependencia federal reconoció la existencia de contratos otorgados a dicha compañía por parte del INM, las plataformas de transparencia gubernamentales no permiten acceder a los documentos.

Acorde con las indagatorias, Camsa presentó una solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada en septiembre de 2020, la cual fue autorizada y tiene vigencia hasta febrero de 2024. Fue en 2022 que comenzó a prestar sus servicios de vigilancia para las estaciones del INM.

Entre las irregularidades de esta firma está el hecho de que sólo contaba con el registro de cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el INM era por 503 elementos.

Además, se dio a conocer que “no cuenta con permiso de portación de armas” y no cumplió con su obligación de reportar altas o bajas de personal en los informes mensuales.

En vista de esta situación, la SSPC pidió al Instituto que rescindiera los contratos celebrados con Camsa para que, a partir del 31 de marzo de 2023, fuera el Servicio de Protección Federal (SPF) el que asuma las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Rodríguez Velázquez advirtió el inicio de “un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa [a Camsa] y no volverá a dar el servicio”.

Seicsa, la empresa del cónsul de Nicaragua

Antes de que Camsa asumiera las tareas de vigilancia y seguridad en los centros y estancias migratorias mexicanas, la labor estaba en manos de Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (Seicsa), una empresa constituida en 2005.

Al revisar la documentación oficial de esta empresa es posible encontrar que quien se registró como su titular es Elías Gerardo Valdés Cabrera, nombrado como cónsul honorario de Nicaragua, en Coahuila (febrero de 2021) y en Nuevo León (enero de 2023).

El registro de marca de Seicsa fue aprobado en junio de 2018 por el IMPI y tiene una vigencia hasta marzo de 2028. Otra persona mencionada en los registros de la empresa es José de Jesús Hernández Ramírez, quien aparece como apoderado.

Para la vigilancia y protección de sus inmuebles, el INM suscribió un contrato con Seicsa, por adjudicación directa, el 3 de enero de 2019, con vigencia al 31 de diciembre de 2019.

El monto de dicho contrato fue de 272 millones 646 mil 200 pesos y contemplaba que Seicsa proporcionaría, para las distintas labores de seguridad, un total de 11 mil 893 trabajadores.

No obstante, según expedientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Seicsa no tenía a ningún trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que, en lugar de proveer directamente al personal, lo subcontrató a través de la empresa Business Anywhere Solutions S.A. de C.V.

También por adjudicación directa, en 2021 el INM le pagó a esta empresa hasta 180 millones de pesos, vía transferencia electrónica, a cambio de “servicios de vigilancia, protección y seguridad a los inmuebles del Instituto” en 25 estados del país, incluido Chihuahua.

Sin embargo, la agencia migratoria encabezada por Francisco Garduño Yáñez no es la única dependencia gubernamental que ha adquirido los servicios de Seicsa.

El 14 de junio de 2018 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebró un contrato con la empresa del cónsul nicaragüense por 5 millones 923 mil 170 pesos por servicios de vigilancia en seis inmuebles de la Ciudad de México.

Entre el amplio catálogo de clientes que la empresa presume en su página oficial también figuran el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el IMSS, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Banco del Bienestar (Bansefi).

Incluso en 2022 el Gobierno de Colima le otorgó a Seicsa una revalidación para prestar el servicio de vigilancia en inmuebles, por lo que también habría desempeñado labores de seguridad en acuerdo con dicha administración.

En contraste, los gobiernos de San Luis Potosí y Yucatán incluyeron a Seicsa, en 2020 y 2022 respectivamente, en su lista de empresas que perdieron su acreditación para prestar servicios de seguridad. En el caso de Yucatán, su registro fue cancelado debido a una “reincidencia al no presentar informe mensual”.

Y como porque le dieron la concesión al embajador de Nicaragua, como así pudo suceder que una empresa extranjera tuviera preferencia para prestar servicios en México, principalmente sin haber pasado por una licitación, que incluyera a empresas mexicanas.

Esta es otra de las jugarretas del Peje.

Es necesario conocer porque dan permisos a empresas que vienen de fuera, para trabajar en territorio mexicano, esto es en cuanto a brindar seguridad y cuidado de a quienes tienen a cargo, en este caso de los migrantes que entran a México.

Por otra parte estamos viendo la cantidad de dinero impresionante que se les ha estado pagando, por el simple hecho de estar “trabajando” en nuestro país.

¿Esto es o fue un “favorcito” del señor López a estas gentes?, hay que investigar eso, o por lo menos dejar bien claro si en México se pueden dar permisos en servicios a gente que viene de otro país, con buena paga y con adjudicación directa. ¿Quién da estos permisos?

La gobernadora de Quintana Roo trae buenas cuentas del Tianguis Turístico

-Las gestiones de la gobernadora Mara Lezama incrementan la conectividad de los destinos con nuevos y más vuelos

Con acciones directas de promoción, la firma de acuerdos y convenios, la delegación de Quintana Roo concluyó su participación en el Tianguis Turístico 2023 que se celebró en la Ciudad de México.

Entre los principales logros destaca la participación de la gobernadora Mara Lezama en las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde expuso los beneficios del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que contempla el fortalecimiento del modelo de desarrollo turístico con enfoque de sostenibilidad, para cuidar y proteger a la naturaleza y que la prosperidad sea compartida con las y los quintanarroenses.
Gracias a las gestiones de la gobernadora se logró aumentar frecuencias aéreas de cinco vuelos nacionales de la aerolínea Volaris desde el Bajío, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro.
Asimismo, Viva Aerobus, que recientemente anunció el vuelo desde Quito a Cancún que comienza el 16 de junio, anunció la nueva ruta Los Cabos-Cancún, que inicia el 18 de mayo con un vuelo diario, de lunes a sábado; además del incremento en las frecuencias de la ruta Toluca-Cancún de dos a tres veces a la semana.

En tanto que Aeroméxico inició la ruta Ciudad de México -Cozumel, a partir del 26 de marzo, y la aerolínea Tag anunció que este año planea expandir su flotilla y agregar el vuelo Chetumal-Guatemala, en tanto que la nueva compañía Aerus también mostró sus intenciones de lanzar la ruta Chetumal-Cancún.

En el marco del Tianguis Turístico 2023, Punta Maroma recibió el premio como la Playa Favorita de la comunidad de lectores de la revista y plataforma de viajes México Desconocido en la que también estuvo nominado por primera vez el destino del Caribe Mexicano, Maya Ka’an, como mejor destino para convivir con nuestras comunidades originarias.

También, Isla Mujeres fue reconocida como Mejor Experiencia y Excelencias Naturales en Pueblos Mágicos en la premiación de los Premios Mágicos por Excelencias, con la participación de 132 destinos y el voto de 142 mil 197 personas de todo el país.

Otro de los resultados obtenidos en este evento turístico fue el refrendo de nombramiento de Pueblo Mágico al municipio de Tulum, mismo que fue recibido por su presidente municipal Diego Castañón de las manos del secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués y la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Prestadores de servicios de Quintana Roo recibieron 100 distintivos de los cuales 76 son H, un sello Turismo Incluyente, 5 constancias de clasificación hotelera, 2 distintivos S y 16 credenciales de acreditación de guía de turistas.

Un aplauso a la activa y positiva participación de la gobernadora Mara Lezama, quien tuvo mucho éxito en las diversas intervenciones que tuvo en el tianguis turístico en la Ciudad de México.

Es importante destacar que debido a la actuación positiva y equilibrada de la gobernadora, Quintana Roo seguirá siendo uno de los destinos turísticos preferidos de todo el mundo.

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