Sélvame del Tren piden ser tomados en plan de manejo del ANP de Felipe Carrillo Puerto
La asociación, indicó que deben ser tomados en cuenta por documentar la devastación por las obras federales.
Sélvame del Tren pide ser incluido en la elaboración del plan de manejo de la recién decretada área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, que incluye los terrenos de Calica.
Guillermo Dchristy, fundador de la agrupación, sostuvo que se debe de tomar en cuenta a la asociación porque ellos han documentado la devastación por las obras federales que han ocurrido en ese lado de la Riviera Maya.
“Antes de plantear ese tipo de manejo, lo tendríamos que revisar todos los activista de la zona, Sélvame del Tren, biólogos y especialistas de la zona que han alzado la voz (...) antes de publicarse se debe de revisar el plan de manejo y apoyarlo en un momento dado”, sostuvo Dchristy.
De acuerdo con lo planteado por el gobierno federal, se prevé que el plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna quede listo para la segunda quincena de febrero, con lo cual se sabrá de manera más puntual qué es lo que pasará con Calica.
Guillermo Dchristy, fundador de Sélvame del Tren, sostuvo que aunque Calica causó un daño fuerte al ecosistema local, las obras del Tren Maya siguieron el mismo camino.
“El daño de Calica sí ha sido muy puntual, pero el daño del Tren Maya ha sido una especie de metástasis por toda la forma en la que ha ido penetrando en varios lugares”, mencionó.
Calica ha presentado una demanda de amparo contra el decreto que declara área natural protegida sus terrenos; aunque no ha obtenido una suspensión contra los actos del gobierno, en audiencia incidental el próximo 26 de noviembre se prevé que haya un veredicto.
Calica alega, de acuerdo con el expediente al que se ha tenido acceso, que no fue notificada de manera adecuada en el proceso para declarar reservas sus terrenos.
El litigio que persigue, no sólo se reduce a impugnaciones a nivel local, sino también en un juicio internacional que aún no se resuelve, con el cual reclama al gobierno mexicano una cantidad de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios.