Tecnicismos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han permitido a la Marina Chac Chi seguir operando en la zona hotelera de Cancún, frenando con ello la conversión de toda la zona en una playa pública.

En 2019 la empresa representada por Gaspar Narciso Paredes Cardeña se quedó sin predios colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), mientras que el 30 de noviembre de 2021 venció el contrato de arrendamiento que tenía con el gobierno del estado.

A pesar de eso, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros determinó ampliar la concesión a la empresa hasta el año 2034. El argumento es que no se necesita ser propietario de los terrenos aledaños a la Zofemat para tener derecho a utilizar con fines de lucro lo terrenos propiedad de la nación.

Un informe rendido por la Semarnat como parte del expediente penal FED/QR/CUN/0000585/2020, que se sigue en contra de la empresa, exhibe cómo la instancia del gobierno federal tomó como válidos documentos que un Tribunal penal de Quintana Roo había determinado como ilegales.

También revela que no tomó en cuenta una solicitud formal del gobierno de Quintana Roo para obtener la concesión de la zona, la cual ya se había determinado no dar la prórroga.

La concesión de la zona federal, ubicada en el bulevar Kukulcán, kilómetro 3.2, fue otorgada originalmente a Paredes Cardeña el 25 de noviembre de 2024, con una vigencia de 15 años a partir del 7 de diciembre de ese año, es decir, venció el 7 de diciembre de 2019. Un año antes de su vencimiento, en diciembre 2018, el empresario cedió los derechos de la concesión ISO MR DGZF-999/04 a la persona moral Marina Chac Chi, S. C. de R. L. El 30 de septiembre de 2019, dos meses antes del vencimiento de la concesión, la autoridad federal determinó negar la prórroga solicitada.

El 2 diciembre siguiente, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno, solicitó formalmente a la Semarnat la concesión de ese sitio.

El objetivo era la implementación de una playa pública para el disfrute de los quintanarroenses. Sin embargo, en septiembre de 2020, la autoridad determinó reconsiderar su decisión y entregar a la empresa la prórroga por 15 años más, que vencerá en 2034.

La decisión la basó en un derecho de audiencia que le concedió al empresario y a la empresa Marina Chac Chi, en la que tomó en cuenta varios documentos, entre ellos, el contrato de arrendamiento para el uso del estacionamiento y áreas verdes de instalaciones propiedad del estado.

Sin embargo, esos mismos documentos fueron el objeto de una causa penal por el delito de fraude procesal, donde Paredes Cardeña fue encontrado culpable y condenado a una pena de 6 meses prisión, aunque por ser “delincuente primario” fue beneficiado con una multa conmutativa de la pena de prisión.

En el juicio, los supuestos firmantes del contrato de arrendamiento, que sirvió no solo para obtener, mantener y prorrogar la concesión, desconocieron la firma de los documentos, según la carpeta de juicio 06/2019 del Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

Semarnat solapó daño ecológico en la zona hotelera de Cancún 

La concesión a Paredes Cardeña fue originalmente para 936.45 metros cuadrados de zona federal y obras existentes en la misma: bodega con muros de block, techo de láminas de asbesto y una terraza de concreto.

Sin embargo, cinco años más tarde, el diciembre 2009, la Semarnat le amplió el permiso a 1,134.98 metros cuadrados de Zofemat y 724.53 metros cuadrados de terrenos ganados al mar.

En esa ocasión quedaron registradas obras existentes en el sitio:

• tres palapas de dos metros de diámetro, construidas a base de estructura de madera y techo de zacate;
• restaurante que consta de dos plantas construido con muros de block, estructura de concreto armado, losa de entrepiso construida a base de vigueta y bovedilla, techo construido de madera dura de la región, palma y
• trabes de concreto armado y escaleras de madera de la región.

Todo ello sin que se mencionara algo sobre la construcción de dichas estructuras, como por ejemplo Manifestación de Impacto Ambiental, autorizaciones y demás permisos.

A la fecha, en el sitio se han realizado más estructuras, incluyendo la ampliación del muelle que ha crecido en más del doble. De hecho, en su momento fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por realizar obras sin autorización.

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