El Comité de Víctimas del 9N señaló que a más de un año de haber iniciado el proceso legal por las violaciones a derechos humanos ocurridos el 9 de noviembre de 2020, no han podido realizar una sola audiencia por el caso.

Wendy Galarza, integrante del Comité, explicó que se tienen abiertos dos procesos, pero no se han logrado avances en el juicio que implica a 11 mandos policíacos, debido a que los abogados, ni las personas implicadas se presentan en las audiencias, por lo que han tenido que ser diferidas.

“Se siguen difiriendo las audiencias, nos siguen dando largas, tenemos desde hace casi un año y meses que no se han celebrado audiencias con esta carpeta, porque la última fue cuando se presentó la medida de prisión preventiva oficiosa, que fue en marzo de 2021”, dijo.

Asimismo, indicó que pese a la omisión, solo se ha interpuesto una multa a los defensores de los imputados por no presentarse a la última audiencia se tenía que llevar a cabo el pasado 18 de abril, pero fue pospuesta hasta el 25 de junio.

“En esta etapa intermedia, la única consecuencia que se han tenido son multas económicas que se les está poniendo a los abogados de los imputados por no presentarse, pero fuera de eso no ha habido ninguna reacción”, dijo.

Al respecto de la segunda carpeta, señaló que esta incluye solo a los tres policías que dieron positivo a la prueba de rodizonato, la que permite identificar elementos químicos como resultado del disparo de un arma de fuego.

Investigación de la FGE fue deficiente

En este proceso, se dictó prisión preventiva oficiosa para los elementos, quienes tenían que internarse de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún; sin embargo, solo uno de ellos lleva a cabo la orden, pero la acusación no pudo ser sostenida debido a que la investigación de la FGE fue deficiente.

“Entra al Cereso y a los dos días se celebra otra audiencia y sale libre por falta de pruebas, por la investigación tan débil de la Fiscalía y los otros dos policías ya no se presentan”, dijo. 

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