Enrique Huerta/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Alfredo González Palma, socio de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), ha lucrado con la necesidad de 14 mil 775 familias de Cancún en los últimos cinco años, a quienes ha cobrado al menos cuatro mil 432 millones de pesos.

El empresario inmobiliario se ha dedicado a comercializar predios irregulares a través de la compañía Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV, en 11 desarrollos clausurados recientemente, según un informe del Ayuntamiento de Benito Juárez

El documento señala que los predios fueron vendidos entre 300 mil y  577 mil pesos, “en cómodas facilidades de pago”.

Para ello fueron devastadas 601 hectáreas de vegetación en el triángulo que forman las avenidas Huayacán y López Portillo con la prolongación de la carretera federal 180 (que conecta al Aeropuerto Internacional de Cancún).

Se trata de los asentamientos Privada Azulejos, Las Margaritas I y II, Real Guelatao, Azaahy, Zamna y/o Zaci, Villas Dubai, Nuevo Amanecer, El Manantial, Pedregal Plus, Pedregal y El Mezquital.

La mayor cantidad de lotes habitacionales sin servicios básicos corresponden al Pedregal con dos mil 700 unidades; seguido de Zamna y Villas Dubai, con dos mil 118, cada una; y Real Guelatao, con dos mil 20 fracciones de terrenos vendidos.

“Se clausuraron los desarrollos que no ofrecen la infraestructura urbana básica de vivienda (luz, agua, drenaje), y que a su vez se encuentran en zonas protegidas, donde no se permite la construcción y desarrollo de asentamientos humanos por la afectación natural que conlleva”, indica el documento de la Secretaría Técnica del ayuntamiento.

Jorge Rivero Guerrero, subsecretario de Desarrollo Metropolitano la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), confirmó que la dependencia estatal trabaja en la integración de expedientes en contra de las inmobiliarias que lucran con la necesidad de las familias, a fin de interponer las denuncias penales correspondientes.

Sobre el crecimiento de los asentamientos irregulares, María Taydé Favila Soriano, presidenta del Consejo Directivo de la AMPI, dijo que se dio para satisfacer la enorme demanda inmobiliaria para el sector poblacional con bajos recursos y ante la falta de organismos públicos para garantizar de la tenencia de la tierra.

“Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que agrupamos a diferentes personas que se dedican a la actividad inmobiliaria, pero somos personas físicas. Y cada persona física es responsable de sus actos jurídicos”, afirmó.