El Servicio de Administración Tributaria (SAT) apeló una sentencia a favor del Ayuntamiento de Solidaridad, con la que busca no pagar un crédito fiscal por alrededor de 180 millones de pesos.

Adrián Armando Pérez Vera, síndico municipal, explicó que será una segunda instancia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la que resolverá la impugnación presentada por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A principios de agosto, la Sala Caribe y Auxiliar, con sede en Cancún, del TFJA, emitió un fallo a favor del Ayuntamiento de Solidaridad para que evite pagar la cantidad que el SAT le reclamó.

“Hay varias opciones que busca el SAT (...) que diga que no tuvimos razón o que ya no, que quede firme el crédito. Qué buscamos nosotros (...) ya lo ganamos, pero ni siquiera hay una oportunidad de que se vuelva a revisar el asunto (...) pero la autoridad puede decir que ni uno ni otro y que determine una cuestión tercera (...) aún no está firme la sentencia”, explicó Pérez Vera.

Solidaridad enfrenta apelación del SAT por millonario crédito fiscal [Foto: Octavio Martínez]

De acuerdo con el entrevistado, el origen de esta controversia tiene que ver con una probable indebida retención de impuestos a los trabajadores municipales hace aproximadamente nueve años.

En aquella época gobernaba el municipio Mauricio Góngora Escalante. Según el expediente 702/23-20-01-7 de juicio de nulidad administrativa de la Sala Caribe y Auxiliar del TFJA, la demanda contra el SAT fue iniciada en octubre de 2023 por el actual Ayuntamiento de Solidaridad.

Lo anterior, porque el SAT comenzó a requerir al gobierno local el crédito fiscal por la cantidad mencionada, lo que equivaldría a aproximadamente el 5% del presupuesto que anualmente ejerce el municipio de Solidaridad. Pagar esa cantidad afectaría enormemente proyectos de obra y servicios públicos.

Con esta apelación, el desenlace del juicio lo verá la próxima administración municipal, la cual, en caso de no verse favorecida, podrá interponer aún un amparo directo como última instancia para salvaguardar sus derechos.