Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.-  La Auditoría Superior de la Federación (ASF), someterá en este año al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que encabezó Jorge Acevedo Marín, a una auditoría forense, aplicada cuando existen indicios de algún ilícito.

El SQCS fue incluido entre las 42 auditorías federales programadas por la ASF, pero a diferencia de los demás organismos que serán fiscalizados, en el caso de la radio y televisión de Quintana Roo, la auditoría será con fines de levantamiento de pruebas.

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“La Auditoría Forense consiste en la revisión rigurosa, pormenorizada, objetiva y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito”, informa ASF en su catálogo de auditorías.

Javier Zetina González, auditor superior del Estado, confirmó que las auditorías forenses únicamente se realizan cuando hay sospechas o indicios reales sobre la comisión de un delito. “Es una auditoría con propósitos más específicos y donde presuntamente ya existen irregularidades. Es más directo, para temas más concretos”, mencionó el funcionario.

La auditoría identificada con el número 1791-DS-GF, se enfocará sobre los Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, según el programa 2017.

En su momento, las autoridades del Sistema denunciaron las precarias condiciones en las que se encontraba el organismo, después de la administración que encabezó Roberto Borge Angulo.

Sin embargo, registros contables señalan que en los últimos dos años, en 2015 específicamente, el Sistema Quintanarroense registró Ingresos de Gestión por más de 278 millones de pesos por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios a organismos descentralizados.

Dichos recursos, superaron en 46 veces lo generado durante los años anteriores, cuando los montos apenas alcanzaban entre cinco y seis millones de pesos.

En ese mismo año, sus gastos en el rubro de servicios generales también se dispararon de manera exponencial, al pasar de un promedio de 18 millones de pesos anuales, a 281.8 millones de pesos, mientras que los demás rubros como servicios personales y servicios generales se mantuvieron prácticamente iguales.