Cancún.- El Gobierno de Quintana Roo publicó una convocatoria para la contratación de “swaps”, un instrumento financiero con el que busca mantener fija la tasa de interés de la deuda pública estatal, que asciende actualmente a 18 mil 736 millones de pesos.

Los swaps u “operaciones de permuta financiera” son acuerdos entre dos partes para el intercambio de bienes o derechos a futuro. En este caso, la permuta de tipos de interés.

Con ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo pretende establecer un convenio con una institución financiera para “minimizar” los riesgos de volatilidad del mercado.

Quintana Roo tiene actualmente contratados seis créditos, cinco con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y uno con el Banco Nacional del Norte (Banorte), refinanciados en abril pasado.

Estos créditos están sujetos a una tasa de interés variable, que depende de las condiciones del mercado.

Al contratar Swaps con una institución financiera, se llega a un acuerdo mutuo para el pago de dichos intereses. En este esquema, pensado para un plazo de 10 años, se previenen los riesgos de fluctuación.

¿Cómo funcionan los “swaps”?

Los Instrumentos Derivados de este tipo funcionan en un esquema similar al siguiente ejemplo.

Si el contratante, en este caso el Gobierno de Quintana Roo, adeuda 100 mil pesos con una tasa de interés variable del 3% mensual, entonces el pago de interés promedio mensual sería de tres mil pesos. Pero los movimientos en el mercado podrían elevar esa tasa de referencia y disparar el costo de los intereses.

Al contratar un Instrumento Derivado “Swap de tipo” se conviene una tasa fija con la institución financiera, que podría ser del 3.5%. En ese sentido, los intereses mensuales del Gobierno de Quintana Roo se elevarían a tres mil 500 pesos.

Pero si las variaciones del mercado la tasa se eleva a 4%, el Estado continuaría pagando el 3.5% pactado.  Si la tasa de interés referencial baja, entonces la institución financiera tendrá ganancias.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el gobierno de Quintana Roo, la institución financiera que desee competir en el proceso de licitación pública deberá tener capacidad para el intercambio de intereses de cinco de los seis créditos vigentes, que suman más de 17 mil millones de pesos.