Taxistas de Quintana Roo se involucran en más delitos

Los choferes están implicados en ataques en contra de choferes Uber, robos, crímenes de trata y narcomenudeo.

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Taxistas de Quintana Roo se involucran en más delitos. (Daniel Tejada/SIPSE)
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En el último año aumentaron de manera exponencial los actos delictivos y agresiones protagonizados por taxistas de Quintana Roo: desde ataques en contra de choferes Uber hasta robos y crímenes de trata y narcomenudeo.

La información obtenida a través de transparencia de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revela que de mayo del 2022 a junio del 2023 fueron 281 los taxistas que se han visto involucrados en delitos, de los cuales una tercera parte son considerados “de alto impacto”.

En el periodo inmediato anterior fueron 137 los conductores de taxi que se encontraban bajo investigación judicial. Y hasta antes de la pandemia del Covid-19, el promedio anual no superaba los 60 casos.

El 70% de estos taxistas operan en Cancún, donde el Sindicato Andrés Quintana Roo tiene activas más de 8 mil 600 concesiones, con más de 11 mil trabajadores operando.

Una tercera parte de las investigaciones tienen que ver con narcomenudeo, complicidad en ejecuciones, asaltos violentos con arma de fuego, violación y hasta trata de personas. El resto son agresiones a choferes de Uber y pasajeros, desorden en la vía pública, robo, complicidad en delitos menores, estafa y accidentes de tránsito.

Entre la última mitad del año 2022 y la primera de este 2023 sólo se han retirado 14 concesiones a unidades de taxi por parte del Imoveqroo, una vez que se obtuvo la sentencia por parte de la Fiscalía General del Estado. 

El propio titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcazar Urrieta, manifestó que difícilmente pueden actuar en contra de los concesionarios de este servicio hasta tener una resolución firme por parte de la autoridad judicial, un proceso que tarda en promedio hasta tres años de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía.

En tanto, los diferentes sindicatos, como el Andrés Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez, aseguran que los agresores no son socios, sino “martillos” contratados por los arrendadores de las placas.

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