“El valiente vive, hasta que el cobarde quiere”, dice el dicho, y no será sino hasta que las autoridades impongan un castigo ejemplar a los taxistas violentos, que la situación actual del conflicto entre taxistas y conductores de Uber comenzará a cambiar en Quintana Roo.

Pero al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), que dirige Rodrigo Alcázar Urrutia, le tiembla la mano a la hora de castigar y hacer valer la ley en el estado contra estos generadores de violencia.

Debería el Imoveqroo aplicar la misma saña con la que sus inspectores se la agarran contra los transportistas, a quienes les revisan minuciosamente sus vehículos para ver si no les falta un direccional, una placa, un logo, cualquier pretexto para extorsionar a los trabajadores.

Con justa razón, diferentes expresiones de Cancún han exigido a Alcázar Urrutia que sancione ejemplarmente a los taxistas involucrados, que les retire las concesiones y que la Fiscalía General del Estado los castigue conforme a derecho.

La última agresión de taxistas de Cancún hacia un vehículo con turistas ha avivado el viejo conflicto, del que las autoridades aseguraron que ya no habría más. 

Y todo ello ocurre en plena temporada vacacional de verano, en el emblemático Cancún, donde turistas de todo el mundo disfrutan de su belleza natural y su vibrante vida nocturna.

La creciente agresión de taxistas hacia conductores de Uber es cada vez más común, y no solo pone en peligro la seguridad de los conductores y los pasajeros turistas, sino que también amenaza a la imagen del primer destino vacacional del Caribe y América Latina. 

Suficiente tenemos los quintanarroenses con la violencia de la delincuencia que se ha apoderado de Cancún, con ejecuciones a la orden del día, como para tolerar más violencia por parte de taxistas.

Es comprensible que los taxistas tradicionales sientan que su sustento está siendo amenazado por la presencia de Uber y otras aplicaciones de transporte privado, porque la aparición de Uber ha interrumpido la industria del taxi en todo el mundo, y Cancún no es una excepción.

No obstante, la violencia y la agresión no son la respuesta a estas preocupaciones legítimas. 

El conflicto subraya la necesidad de una regulación más efectiva y equitativa que asegure un campo de juego nivelado para todos los operadores de transporte. Los taxistas tradicionales tienen razón al insistir en que Uber y otras plataformas similares deben estar sujetas a las mismas regulaciones y obligaciones fiscales que ellos.

Sin embargo, estas demandas deben dirigirse a los legisladores y autoridades, y no a los conductores de Uber que, al igual que ellos, solo están tratando de ganarse la vida. 

Las agresiones de los taxistas a los conductores de Uber en Cancún son un llamado de atención. Nuestra meta debe ser una coexistencia pacífica entre los taxistas y los conductores de Uber, en la que cada uno pueda contribuir al dinamismo y a la vitalidad de Cancún, donde hay para todos. 

¿Tomarán al toro por los cuernos, nuestras autoridades?