El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró procedentes las medidas de protección solicitadas por la diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto y ordenó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal brindarle escoltas para protegerla de las presuntas amenazas en su contra del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez.

El pleno del Teqroo aprobó de forma unánime dichas medidas, que podrían ser violencia política contra las mujeres en razón de género, establecidas en el cuaderno de antecedentes CA/009/2024, en el que también se señala a José Luis Pech Galera y Jacobo David Cheja Alfaro, de legado nacional de ese partido en el estado.

Se aclaró que al aprobar la solicitud de escolta para Deyanira Basurto no se prejuzga sobre la determinación que en su momento emita el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo sobre el caso.

“En el proyecto se propone determinar como procedente la medida de protección a favor de la parte actora (la diputada local Basurto Basurto), pues es una obligación constitucional y convencional en materia de derechos humanos y de una vida libre de violencia, que cuando se denuncien agresiones contra mujeres en el ámbito político, los casos deben analizarse con perspectiva de género”, dice la propuesta de sentencia aprobada.

Teqroo ordena protección a diputada tras presuntas amenazas del Dr. Pech [Foto: Cortesía]

Los magistrados consideraron que se deben adoptar medidas para evitar alguna lesión o daño a la integridad de la demandante, por lo que los escoltas que asignen deberán brindar la “protección necesaria, continua y permanente” a Basurto hasta que se dicte la sentencia de fondo.

Respecto al recurso de apelación RAP/055/2024, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo 36 aprobado por la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), por medio del cual determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el sol azteca, como el retiro de publicaciones consideradas propaganda gubernamental, lo que consideró violatorio a la equidad electoral.

El PRD expuso que se vulneró su derecho a la justicia pronta, a los principios de exhaustividad, debido proceso, legalidad, congruencia interna y externa, entre otros aspectos desechados por los magistrados. El pleno confirmó, por unanimidad, el acuerdo impugnado aprobado por el árbitro.