Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- A pesar de haberse ordenado que estén a disposición todos los medios posibles para el traslado de las siete personas citadas a declarar en la audiencia de Roberto Borge Angulo, esta mañana, por tercera ocasión, ninguna se hizo presente; uno de los inasistentes es el titular de la Agepro, Eduardo Ortiz Jasso.

Diez personas fueron citadas para presentarse ayer a las 10 de la mañana como testigos en el proceso que enfrenta el exgobernador de Quintana Roo, ahora por el delito de peculado, por el presunto remate de 18 predios con valor cercano a los dos mil 500 millones de pesos.

Tres testigos tenían justificada su ausencia, debido a son policías ministeriales comisionados en la ciudad de Mérida. Sin embargo, los restantes fueron requeridos de manera urgente para asistir a la reprogramación de la audiencia, ayer a las seis de la tarde, cita a la que tampoco llegaron, por lo cual volvieron a ser convocados para hoy a las 10 de la mañana; pero no se presentaron.

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Esta inasistencia ocurre en el contexto de que la Fiscalía giró oficios a los directores de la Policía Ministerial para obligar a los peritos requeridos a testificar en la audiencia. También se solicitó la fuerza pública para ubicar a un contador que igualmente fue citado, pero los intentos no resultaron.

En el caso del titular de Agencia de la Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso, quien ayer se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la autoridad judicial giró un oficio a su jefe inmediato directo, que en este caso es el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Continúa la audiencia de Roberto Borge con el desahogo de pruebas

Aún con este contratiempo, se desarrolló la continuación de la audiencia de formulación de vinculación a proceso por el delito de peculado, en contra de Roberto Borge.

La parte defensora y la Fiscalía Anticorrupción aportaron las pruebas y medios respectivos para sustentar sus argumentos.

Y aunque a las 10 de la mañana de este jueves venció el término constitucional de 144 horas para resolver esta etapa del proceso, ambas partes acordaron ampliarla por tiempo indefinido.

(Con información de Enrique Mena/SIPSE)