El vertimiento de aguas negras que por años se ha presentado en el malecón de Cozumel directamente al mar, puede considerarse delito ambiental, ya que existe un decretó que protege la zona que va desde el muelle San Miguel hasta el vértice sur de “Punta Celarain”.

De acuerdo con la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulín, presidente de la organización civil Cielo, Tierra y Mar (Citymar), las autoridades municipales, estatales y hasta las federales cometen el delito de omisión al no tomar cartas en el asunto del vertimiento de aguas negras que por décadas ha denunciado, no solo ella, sino cientos de cozumeleños.

Responsabilizó a los titulares de la subdirección de Ecología del ayuntamiento y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por no hacer valer el decreto previo y vigente desde 1980, que establece que es prácticamente un delito.

Álvarez Chulín, quien en septiembre de 2017 logró con sus denuncias la cancelación del proyecto eólico en la isla, afirmó que ese decreto protege esta parte de la isla, pero que ninguna autoridad lo hace válido.

El 19 de julio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Parque Marino Nacional de la zona conocida como Arrecifes de Cozumel.

El área posee un decreto federal previo que fue publicado el 11 de junio de 1980, que establece como Zona de Refugio para la Protección de la Flora y Fauna Marinas de la Costa Occidental de la Isla Cozumel a la parte comprendida entre la línea de alta marea a la isobata de los 50 metros, a lo largo de la isla, iniciándose en el muelle fiscal y terminando en el vértice sur de Punta Celarain (INE Semarnap, 1998).

Si tomamos como referencia el decreto de 1980, puntualizó la ambientalista, Germán Yáñez Mendoza y Blanca Alicia Quiroga García, no están haciendo su trabajo, son omisos y cometen un delito, aseguró al referirse a los titulares de ecología municipal y la Conanp.

Lamentó que ninguno de ellos consideren que el 19 de marzo de 2016, la Unesco incluyó a Cozumel en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del programa del Hombre y la Biosfera. “Se supone que con esto existiría una especial atención en el ordenamiento territorial, las políticas públicas para lograr un equilibrio entre desarrollo poblacional, la actividad turística y protección de la biodiversidad, pero absolutamente nada ha cambiado”, denunció.