Las labores del Tren Maya, en su tramo 5 sur, quedarán paralizadas en tanto no exista una sentencia definitiva dentro del amparo 884/2022. Buzos espeleólogos de Tulum fueron quienes consiguieron esta medida contra el proyecto federal.

El auto de suspensión fue dictado tras una audiencia incidental por parte del Juzgado Primero de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán.

La audiencia constitucional para dictar una sentencia está programada para el 23 de junio próximo, fecha hasta la cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como responsable del proyecto, no podrá realizar ningún tipo de trabajos en la zona.

Sin embargo, en otros amparos y otros asuntos legales ante juzgados federales, las audiencias constitucionales constantemente son diferidas. En este caso, estaba prevista para 19 de mayo pasado; sin embargo, fue cambiada para el 23 de junio.

Al resolver la medida cautelar, publicada en la lista de acuerdo este lunes 30 de mayo, el juzgador federal reiteró que el proyecto fue iniciado sin la documentación técnica que lo avalara.

Es decir, la Manifestación de Impacto Ambiental solicitada recientemente por el Fonatur se debió conseguir antes que se empezara con el desmonte en el sitio.

“(La suspensión definitiva es para que se (suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 sur del proyecto Tren Maya –con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo-, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

El tramo 5 sur abarca aproximadamente 60 kilómetros de longitud. Inicia en el kilómetro 4 del acceso al relleno sanitario de Playa del Carmen y concluye a la altura de la cabecera municipal de Tulum.

A finales de febrero pasado, cuando las autoridades responsables iniciaron el desmonte de la selva, los grupos ambientalistas se movilizaron con protestas y demandas de amparo que cayeron en su mayoría en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún; finalmente las acciones por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, fueron atraídos por el Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán para su resolución.

José Urbina Bravo, uno de los quejosos en el amparo en cuestión, se congratuló de tal situación debido a que la justicia federal continúa otorgándoles la razón sobre las autoridades demandadas, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur Tren Maya, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), quienes iniciaron los trabajos sin documentos técnicos.

Urbina Bravo conoció la noticia sobre la suspensión cuando se encontraba en el tramo de selva desmontada, en las cercanías de los terrenos ejidales, donde continuaba con la exploración de cuevas subterráneas que, en caso que el proyecto se vuelva a poner en marcha, corren el riesgo de colapsar.