Cancún.- Asistentes a la segunda Asamblea Socioambiental Peninsular, que congrega a organizaciones de toda la región, se posicionaron en contra de la ejecución del proyecto Tren Maya, pues sostienen que impulsa un modelo de desarrollo que no favorece a las comunidades.

En un pronunciamiento, afirmaron que el modelo de bienestar “impuesto” en la Península de Yucatán no es sostenible para las comunidades indígenas y el beneficio económico es para empresas trasnacionales.

“El Tren Maya se presenta en este escenario con la visión de impulsar y fortalecer el mismo modelo desarrollista que ha ocasionado esta problemática, un pretendido reordenamiento territorial que tendría implicaciones profundas en la configuración del territorio, un modelo que objetiviza y folkloriza a la cultura convirtiéndola en un producto que exalta algunos rasgos culturales mayas, pero que los convierte en productos listos para consumo turístico”, afirman.

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En el documento, los activistas refieren que existe un sesgo en la visión del proyecto desde su planeación y que responde más a intereses económicos que sociales.

“La Península de Yucatán ha sido un festín para grandes grupos empresariales que se han enriquecido a costa de mano de obra barata y la explotación de recursos naturales y culturales presentes en esta región gracias al manejo sustentable que han tenido los pueblos indígenas por miles de años”, se lee.

Aseguran que una parte de la población se ha convencido con las modernas presentaciones y ofrecimientos que auguran un beneficio social y la mejora de calidad de vida, condicionado programas federales de desarrollo social y urbano como “gancho” para la aceptación y apoyo al megaproyecto.

“Nos pronunciamos en contra de la visión desarrollista del proyecto y de la estrategia de "marketing político" que se ha utilizado para promoverlo, de la forma neocolonial en que el proceso se ha desarrollado, de arriba hacia abajo, ostentando orgullosamente tener la vía para mejorar la calidad de vida los pueblos originarios”, añaden.

Asimismo, externaron la preocupación por el deterioro ambiental que está sufriendo la Península de Yucatán,  la acelerada pérdida de la identidad cultural que ha impactado al pueblo Maya y la “violación” a los derechos constitucionales y convenios internacionales que les protegen.