La Sala Regional del Caribe y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), rechazó nuevas pruebas del juicio promovido por los socios de Barcos Caribe, naviera ligada al ex-gobernador Roberto Borge Angulo, para la restitución de la concesión de cruce federal Playa del Carmen-Cozumel.

En un acuerdo dictado este miércoles, dentro del juicio de nulidad administrativa del expediente 702/22-20-01-8, se determinó cerrar el proceso legal y se anunció el inminente dictado de sentencia.

“Se tienen por formulados oportunamente los alegatos de su parte en el presente juicio. Por otra parte, no ha lugar a admitir las pruebas ofrecidas por la enjuiciada”, se lee en el acuerdo dictado este miércoles dentro del citado expediente.

La sociedad mercantil Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe demandó, en un juicio de nulidad administrativa, a la Secretaría de Marina Armada de México y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ambas dependencias que regulan las concesiones de cruce federal vía marítima.

En este contexto, la Sala Regional del Caribe y Auxiliar, con sede en Cancún, se prepara para emitir la sentencia del asunto en cuestión. “Se declara cerrada la instrucción del presente juicio, por lo que en cumplimiento al oficio ATR1aS74/24 (...) remítanse los autos originales que integran el juicio a efecto que en su momento se emita la sentencia definitiva que corresponda”, se agrega.

De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, del gobierno federal, Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe fue constituida como sociedad mercantil en 2012. En 2015, la empresa inauguró la naviera Barcos Caribe para prestar el servicio de cruce marítimo en la ruta Playa del Carmen-Cozumel. Los socios se encuentran relacionados con el probable quebranto del patrimonio del estado.

En su momento se les iniciaron procesos penales y, desde 2017, la sociedad mercantil quedó asegurada por la entonces Procuraduría General de la República, de acuerdo con la anotación registral de la Secretaría de Economía. Ese mismo año, una explosión se registró en una embarcación de Barcos Caribe, por lo que la naviera fue retirada y, por ende, su concesión.