En una nación democrática las instituciones autónomas sirven (o deberían servir) para contrarrestar los excesos en que pudieran incurrir quienes encabezan las dependencias y en general todos los servidores públicos de cualquier nivel. Ese ha sido el motivo de construir contrapesos al poder, de limitar el alcance de la toma de decisiones que pueda afectar a individuos, grupos o a la mayoría de la sociedad, de ahí la importancia de defender su permanencia y no mandarlas al diablo.

En nuestro país, esas instituciones que limitan el abuso de poder se han ido edificando paso a paso, particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado; no son perfectas, pero sí perfectibles, y en el camino se han ido actualizando a las necesidades y los tiempos. Sin embargo, el uso excesivo y el abuso del poder en México es una constante. De hecho, parece que ese es el motivo de aspirar a alcanzar un cargo público o ejercer un mando directivo.

Desde hace muchos años, este uso y abuso del poder, generalmente con fines personales y que lleva a incurrir en faltas graves o delitos, ha sido parte de nuestra historia. Por eso se crearon instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que hoy prácticamente ha desaparecido); el Instituto Nacional Electoral –antes IFE–, que arrebató al Gobierno la organización de las elecciones, donde el gran elector era el Presidente en turno; otros como el Conapred, la Cofece y la Profeco. Y más recientemente, la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General), de la que se esperaba una mejor procuración de justicia, sin embargo, hoy vemos que, como dicen, “la FGR es igual que la PGR, sólo cambió una letra”.

Varios hechos recientes evidencian la resistencia de los gobiernos de los tres niveles al verdadero cambio, a encauzar la nación por un rumbo democrático real, a respetar la autonomía de otros poderes y entes creados para equilibrar la balanza entre gobernantes y gobernados, con miras a tener una mejor sociedad, que se respete a las instituciones y que éstas le sirvan a la población.

Dos ejemplos: Como es sabido, esta semana la SCJN dictó sentencia en uno de varios casos que ha litigado desde su cargo el titular de la FGR, fallo que demostró que no sólo abusó del poder, sino que “fabricó” un delito, y sin embargo se mantiene al frente de esta dependencia que debe ser garante de la justicia, un contrasentido. Por otro lado, el Ejecutivo anunció que enviará al Congreso una reforma política –luego de la revocación-confirmación de mandato– para que el pueblo elija a los consejeros del INE. En realidad, pretende eliminar a los actuales, lo que sería el colofón de una constante retórica agresiva hacia el Instituto que, hay que subrayarlo, sólo cumple con lo que le mandata la ley al acotar al Presidente y otros servidores públicos.

Como siempre, después de un cambio de gobierno se volverán a hacer los ajustes necesarios, en una especie de círculo vicioso propiciado por el abuso de poder. 

Cargada al tren maya

Ante la ola de protestas de ambientalistas, a la que se ha agregado gente del espectáculo, el presidente López Obrador respondió metiendo el acelerador las obras del tren maya, en particular del polémico tramo 5 que va de Cancún a Tulum.

Ya había anunciado que el Agrupamiento de Ingenieros del Ejército se integró a ese tramo, pero ahora también lo hará de Escárcega hasta Tulum. “Son dos tramos, el tramo 6 y el tramo 7 del tren, más el aeropuerto (de Tulum)”, dijo el mandatario, quien este fin de semana hará recorridos de supervisión del proyecto ferroviario y los trabajos en el aeropuerto de Chetumal, la capital “olvidada” de Quintana Roo.

AMLO considera que el reto de los ingenieros militares será trabajar en el proyecto ferroviario y avanzar hasta emparejarse con las empresas privadas que ya llevan meses laborando en la zona. Todo esto para que se concluya a tiempo y pueda inaugurarlo a finales del próximo año, quizá como el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, inconcluso.