El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una iniciativa para obligar a los propietarios de unidades de renta vacacional, como Airbnb, a validar el parentesco entre sus huéspedes, específicamente entre adultos y los menores que los acompañan.

En caso de no hacerlo estarán incumpliendo la infracción de omisión y serán acreedores a multas de entre 12 mil a 105 mil pesos, además de perder el permiso para continuar operando en la entidad bajo esta modalidad de alojamiento.

Hugo Alday Nieto, diputado promotor de esta reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, manifestó que se trata de una estrategia para combatir el turismo sexual en el Estado, el cual se ha convertido en un tema preocupante para las autoridades.

“Ha quedado manifiesto que miles de personas llegan a Cancún, Playa del Carmen o Tulum para participar en actividades sexuales con menores de edad. Ya se han hecho esfuerzos por evitar que utilicen a las cadenas hoteleras como puntos de encuentro, pero hasta ahora no se ha hecho nada para evitar la misma situación en los cuartos y casas ofertados a través de las plataformas digitales”, refirió el legislador.

Comentó que esto ha provocado que cada vez más los tratantes de niños y los pedófilos utilicen a las unidades para sus crueles actos, por lo que es necesario modificar la ley para ponerles un alto.

“Básicamente, se propone un artículo 11 Bis que te obliga a ti, como anfitrión, a que en caso de que tus huéspedes ingresen con menores de edad, solicites documentos que validen el parentesco. En caso de que se nieguen o que no exista dicha relación familiar, se deberá informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo”, puntualizó.

Dijo confiar en que sea aprobada lo más pronto posible dicha modificación a la ley, a fin de otorgarle a los anfitriones herramientas para que puedan actuar.