Vinculan a proceso a 21 ex borgistas

Entre los que han recibido sentencia están dos ex titulares de la extinta Seduvi.

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Los diferentes expedientes y procesos son desahogados en las salas de los juzgados penales orales en el estado. (Joel Zamora/SIPSE)
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Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- Un total de 21 ex funcionarios, entre estos dos ex secretarios estatales, fueron vinculados a proceso por incurrir en diversas irregularidades durante el desempeño de sus funciones en Quintana Roo.

Todos los procedimientos derivaron de diferentes carpetas administrativas que inició la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de septiembre de 2017 a julio de 2018.

La Fiscalía General del Estado mantiene asegurados 139 predios.

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Dentro de los mismos procedimientos existen evidencias y testimonios sobre el desvío de recursos, malversación de fondos y transacción ilícita de bienes de la entidad, entre otras acusaciones.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene asegurados 139 predios en distintos municipios, y otros dos han sido recuperados

Como resultado de los procesos orales penales, en menos de un año la fiscalía anticorrupción logró incautar la cantidad de 51 millones 300 mil pesos, mediante la reparación del daño a través de las sentencias.

Se logró incautar la cantidad de 51 millones 300 mil pesos.

Los dos ex secretarios estatales sentenciados fueron los titulares de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi): Mauricio Rodríguez García y Paulina García Achach.

El primero en recibir sentencia fue Mauricio Rodríguez, a principios de noviembre de 2017, y de acuerdo con el expediente, el ex secretario aún se encuentra en la parte final del proceso penal acusatorio, mediante la ejecución de la sentencia.

Posteriormente, en junio recibió sentencia Paulina García, quien contaba con dos expedientes distintos y por los cuales tuvo que reparar el daño al patrimonio del estado.

La mayoría de estos procesos aún no culminan y los fiscales anticorrupción utilizan todas herramientas que la ley permite para obtener sentencias que beneficien al estado y en consecuencia, garantizar a los quintanarroenses la impartición de la justicia.

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