Jazmín Ramos/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo enfrenta una de sus peores crisis en su estructura social al grado de ubicarse entre las entidades con mayor incidencia en violencia familiar, abusos sexuales, embarazos no deseados, suicidios, feminicidios, drogadicción, impunidad y corrupción; generando un entorno hostil que afecta la calidad de vida de sus habitantes.

A pesar de que la entidad supera el crecimiento económico de la media nacional no existe paridad con el desarrollo social, tan es así que creció el número de pobres y existe un rezago del 55% en su infraestructura urbana y social, derivado de los malos gobiernos de los últimos dos sexenios.

Ejemplo de ello, es que durante los mandatos de los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, se tiene el registro de una inversión en obra pública, de unos 26 mil millones de pesos; sin embargo, existió opacidad en la aplicación de los recursos y hubo acciones de gobierno que quedaron inconclusas o simplemente no se ejecutaron.

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Celina Izquierdo Sánchez, del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo, refirió que en Quintana Roo, se tiene 12 años donde no hubo ejercicio de política pública, solo algunos destellos, pero no la que requiere la sociedad, sobre todo en uno de los estados más ricos del país.

“Si alguien dice que en la pasada administración se robaron 11 mil millones de pesos, yo digo que esos 11 mil millones de pesos, es lo que se pudo haber invertido en hospitales, escuelas, centros recreativos o en seguridad pública, eso es lo que nos robaron, ese es el adeudo real que se tiene”.

Mencionó que la desigualdad y la impunidad propicia un entorno hostil para el desarrollo de la población, que se traduce en violencia, la cual se vive desde el propio estado y trasciende a los hogares, en el ámbito laboral y en las calles, pues ésta es directamente proporcional al abandono social y la injusticia.

“Cualquier estado que tuviera una buena procuración de justicia, que tuviera los procesos legales adecuados, que no se pudieran corromper a los funcionarios y atendiera las necesidades de la población, inmediatamente regula la violencia, ya que donde hay injustica crece la violencia, y si la pregunta es, por qué tenemos estos altísimos niveles de violencia, yo diría automáticamente que es porque no tenemos la justicia esperada”.

Inequidad y Violencia

De acuerdo a datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo, se ubica entre las cuatro entidades del país que superan el promedio nacional de crecimiento económico con un 5.3%, pero no hay una paridad en el desarrollo social, que se refleje en la calidad de vida de sus habitantes, prueba de ello es que del 2005 al 2015 aumentó el número de pobres en la entidad.

Los cotejos de las dependencias que miden el desarrollo social refieren que la entidad se ubica en el sexto lugar a nivel nacional por la desigualdad, la injusticia, bajos salarios, además del descuido de la niñez y jóvenes, toda vez que no hay políticas públicas enfocadas a su desarrollo, tan es así que el Inegi coloca al estado en la posición número 13 en carencias de acciones sociales destinadas a este grupo de la población.

A esto se le suma la violencia que hay en los hogares, donde los abusos físicos y psicológicos contra las mujeres se dispararon llegando a su punto más álgido con los feminicidios, obligando a la Secretaría de Gobernación (Segob) declarar la Alerta de Violencia de Género en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.

Rosa María Márquez Pérez, presidenta de la Red de Equidad y Derechos Humanos de Quintana Roo, explicó que los tres niveles de gobierno presumen el crecimiento económico derivado de la industria turística, pero eso no es sinónimo de desarrollo social, hay una gran desigualdad y un abandono que ya trastocó la estructura de la sociedad misma.

“Ejemplo de ello, es la violencia que viven las mujeres, segmento que representa el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA), quienes enfrentan un entorno no óptimo para su desarrollo, dado que el estado no garantiza que puedan ejercer sus derechos humanos, sobre todo un derecho libre de la violencia y la discriminación”.

Comentó que la violencia contra las mujeres ha evolucionado al grado de tener feminicidios, lo cual motivó la alerta de género, que si bien es un gran paso que se reconozca la violencia feminicida, esto no garantiza que realmente se combatirá el problema porque se requiere un cambio real desde las instituciones que existen para proteger los derechos de las mujeres.

“La mitad de las mujeres del estado trabajan en una industria con horarios inestables y bajos salarios, por lo que se ven obligadas al abandono de los hijos, quienes están expuestos al riesgo que implica estar en la calle o sin el cuidado de un adulto; entonces toda esta desintegración ha propiciado una serie de males sociales que ha fracturado el tejido social”.

Márquez Pérez, comentó que el estado está sumido en la irresponsabilidad de no haber atendido los focos rojos, por ello se tienen los primeros lugares en violencia familiar, abusos sexuales, embarazos no deseados, feminicidios, drogadicción, impunidad y corrupción, pero lo grave es que se sigue en la misma línea, de ahí que los fenómenos derivados de este abandono social se potencializan.

Es la misma violencia

No obstante, a los cotejos que colocan al estado entre las entidades con mayor violencia contra las mujeres, la titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón, aseguró que la violencia siempre ha estado ahí, nada más que ahora al ponderar sus derechos, salen a relucir los datos y las estadísticas.

“Si se dan cuenta la violencia siempre han estado ahí; que pasa hoy, la importancia que se le da a los derechos de la mujer, el apoyo que se le brinda a través de las diversas instituciones, el empoderamiento que tienen las mujeres al saberse auxiliadas, hace que rompan el silencio y se atrevan a denunciar”.

Comentó que anteriormente los delitos existían y están tipificados en el código penal, pero no tenían la difusión correcta y ahora con la fiscalía hay un mayor interés, pero no es que la violencia se haya incrementado.

Explicó que las historias de violencia contra las mujeres se viven a diario y se concentran en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, esto debido a la dinámica social que genera la industria turística, ambos padres trabajan, lo menores son hijos llave, no hay una convivencia familiar y eso propicia la pérdida de valores.

Reyes Pinzón, añadió que la desintegración familiar con lleva a la violencia en los hogares, al punto que el 52% de la denuncia que reciben la fiscalía tienen ese origen, seguido del incumplimiento por la pensión alimenticia, luego el abuso sexual y las violaciones.

En cuanto a las muertes violentas contra mujeres dijo que desconoce cuántos casos se han registrados anterior a la creación de la fiscalía y a la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, pero de julio a la fecha se tienen tres feminicidios vinculados.

Trabajo integral

Pero más allá de la alerta de género y cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a fin de combatir la problemática, urge que los tres niveles de gobierno coordinen las acciones interinstitucionales e inviertan en su infraestructura.

Leslie Hendriks Rubio, diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, admitió que quedan pendientes varios puntos que exige la Conavim y que tienen que ver con la violencia que se dan en las propias instituciones derivado de la falta de sensibilidad del recurso humano y las condiciones en las que operan las instituciones.

“Quedan algunas cuestiones pendientes, que pretendemos trabajar en este periodo, aun cuando se haya emitido la alerta, yo creo que lo importante es que se puedan dar las condiciones, para que no se sigan replicando la violencia contra las mujeres”.

Señaló que el problema de la violencia no solo contra la mujeres, sino en general es muy grave, de ahí la urgencia de atender todas las carencias a efecto de garantizar la seguridad y un entorno favorable para el desarrollo de este sector.

La diputada agregó que la prioridad es dotar de infraestructura y recursos a todas esas dependencias involucradas a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Conavim, además la fiscalía deberá realizar un trabajo integral no solamente desde la generación o disposición de leyes, sino ser garante de que cada dependencia involucrada cumpla con su función.

“El tema de la violencia de género es grave y no es privativa de Quintana Roo, sino que en muchos estados se registra esta agresividad social, la cual no solo es en la familia, lo estamos viendo también en las calles y se va reflejando en diferentes ámbitos y hay que hacer ese trabajo, para poder generar las condiciones y evitar que se vayan dando esos círculos”.

Asimismo insistió en que se requiere trabajar en la prevención desde edades muy tempranas a fin de ir acotando la violencia que se da a lo largo de la vida de las personas y desde luego se necesita la participación de la ciudadanía para que el problema se ataque de manera integral.

“No debemos olvidar que es necesario impulsar políticas públicas para atender el rezago social, toda vez que las condiciones en las que viven las familias influye en su comportamiento, es lógico que si no se puede garantizar lo necesario, hay estrés que se traduce en una cumulo de acciones negativas”.

Recalcó que el origen de todo, es el abandono social derivado de las malas administraciones que en lugar de elaborar planes de desarrollo y políticas públicas, le entraron al juego de la corrupción, teniendo como resultado toda esta violencia.

Impunidad y corrupción

A pesar de los super-números que registra el crecimiento económico en Quintana Roo, el desarrollo social va en retroceso, al grado de que el estado se ubica entre los primeros lugares en desigualdad, corrupción e impunidad y otros fenómenos sociales relacionados a la violencia.

Hernán Cordero Galindo, presidente de la Asociación Ángel Ciudadano, mencionó que el entorno social que hay en Quintana Roo, es el peor del país y prueba de ello son las deshonrosas posiciones que se tienen a nivel nacional relacionados a la baja calidad de vida.

“No es gratuita tanta violencia en la familia, el alza en el número de suicidios y abusos sexuales e incluso en los últimos años el tema de los feminicidios colocaron a Quintana Roo en alerta de género, todo esto tiene que ver con la corrupción y la impunidad”.

Señaló que es una vergüenza para los gobiernos que mientras la economía supera la media nacional, esto no se refleje en el bienestar de la población y contrario se tenga la peor crisis en su estructura social, pues los últimos 12 años la política pública solo fue simulada.

“La corrupción y el saqueo de los sexenios anteriores fue tal que olvidaron la justicia social, hubo opacidad en la aplicación de los recursos, hay obras inconclusas e incluso inexistentes, las cuales solo figuran en papel, entonces todo esto abonó para este entorno que limita el desarrollo de la población”.

Cordero Galindo, dijo que basta ver la zona urbana de Cancún, donde se tienen rezagos en infraestructura urbana y social, unidades habitacionales que no cumplen con las norma de convivencia, se carece de áreas de recreación y a esto se le suma las inestables jornadas laborales, así como las distancias que tienen que recorrer para llegar a los centros de trabajo; en si es una suma de factores que han dañado la estructura social.

Referente a los índices delictivos, mencionó que Quintana Roo, se convirtió en una escuela de delincuentes, pues es el mejor negocio, ya que la impunidad es tal que el 99.7% de los delitos no se resuelven.

“Esto es una verdadera tragedia, es el negocio más seguro, porque el delincuente sabe que no será castigado, que saldrá libre y aquel que es procesado entra a un centro penitenciario, en donde aprende nuevas formas de delinquir, ya que no hay una verdadera readaptación social”.

Argumentó que esta impunidad desalienta a la población, tan es así que únicamente el 7% de los delitos se denuncia y no se trata solo de asumir que no hay cultura para interponer una querella formal, sino porque no hay credibilidad en las instituciones de procuración de justicia.

“Cada vez se denuncia menos, de entrada por la burocracia, luego por las deficiencias a la hora de integrar las carpetas de investigación, el personal no está capacitado y hay corrupción, entonces viene la impunidad y al no resolverse los delitos, quienes infringen la ley lo siguen haciendo, evolucionado la forma en que operan”

Sostuvo que hay un rezago histórico en casos sin resolver, los cuales se traduce en personas que no tienen justicia; alguno son optimistas y apuestan a que con el nuevo sistema penal acusatorio las cosa irá mejorando, sin embargo para ello se requiere una limpieza total en la fiscalía, dotar de infraestructura, capacitar al personal y en ese línea de aprendizaje por lo menos pasaran uno tres a cuatro años a fin de dar resultados.

Sin control la delincuencia

En cuanto a las actividades ilícitas del 2005 a la fecha han ido al alza, desde los delitos del orden común, hasta balaceras y ejecuciones, no solo en colonias populares, sino que la violencia ya se volvió un hecho cotidiano en la entidad, principalmente en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad.

Y aunque las autoridades asumen que son hechos aislados, lo cierto es que es un foco rojo que de ser ignorado no solo pone en riesgo a la población sino a la propia actividad turística, donde la percepción de la inseguridad es el factor más nocivo para la industria, principal motor económico del estado.

Ángel Ramírez Florescano, vice-presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, mencionó que se está a nada de que las autoridades pierdan el control, como ha sucedido en otros estados del país, ante la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y el hecho de querer negar la violencia para no afectar al destino.

“Lo que no entienden es que mientras se trata de ocultar lo que está pasando en la entidad, sigue avanzando y lo más grave es que llegará un punto en que será insostenible, entonces ya no se podrá frenar afectando lo que tratan de proteger, que es la industria turística.”

El jurista indicó, que esa debería ser la preocupación de las autoridades, atender el problema, establecer un estrategia con un mando único entre las fuerzas del orden, pero sobre lograr una adecuada impartición de justicia, pues de nada sirve aumentar el número de patrullas, poner cámaras de vigilancia y hacer operativos, si cuando se detienen los delincuentes salen libres.

‘Los niveles de impunidad son alarmantes en el estado por toda la corrupción que hay en el interior de las instancias de procuración de justicia y la falta de capacitación del personal, quienes desconocen el nuevo sistema penal acusatorio y a esto se añade todos los rezagos que hay en las carpetas de investigación”

Ramírez Florescano, consideró que el no aplicar la ley es un síntoma muy grave, pues se puede perder el destino más importante de México, como sucedió con Acapulco, ese es el riesgo y las autoridades lo que hacen es minimizar la violencia.

“El mensaje que se da, es que cualquiera puede ser hampón, delinquir, trasgredir la ley y atentar contra la vida de otra persona, porque finalmente no pasa nada, no hay justicia y se abre toda las posibilidades para el crimen organizado”.

Recalcó que ante este entorno de violencia e impunidad los gobiernos en lugar de reconstruir el tejido social, solo simulan, le entran a la demagogia y en su agenda política no figura el servicio, ni la atención a la población.

Conceptos

Estructura social: Es la forma en como se organiza, se relaciona y se desarrolla la población en un determinado medio ambiente, la cual se guía por normas, valores y leyes; también interactúan la cultura, el arte y la religión.

Desarrollo Social: Se refiere al entorno en el que se desarrolla la población, la infraestructura urbana y social, lo que permite tener una buena calidad de vida.

Infraestructura urbana: Son las obras que dan soporte funcional a un entorno para otorgar bienes y servicios óptimos que permiten el funcionamiento y satisfacción de la comunidad.

Infraestructura Social: Tiene que ver con las obras relacionadas al bienestar social, hospitales, escuelas, áreas recreativas, centros comunitarios e infraestructura para el cuidado de los grupos vulnerables y acciones para el empoderamiento de las mujeres.

Calidad de vida: Hace alusión a varios niveles del bienestar social o comunitario hasta aspectos específicos de carácter individual o grupal e incluso abarca aspectos filosóficos y políticos. La calidad de vida se evalúa analizando el bienestar físico, bienestar material, bienestar social y bienestar emocional.