El proceso electoral 2021 cerró con seis personas sancionadas por violencia política en contra de la mujer en razón de género. Fue el primer proceso en Quintana Roo en el que se aplican estas medidas.

Las seis sanciones se derivan de las 24 denuncias de violencia política en contra de la mujer que atendió el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) en el marco del proceso electoral de este año.

Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Teqroo, dijo que este fue el primer proceso en el que se sancionó esta conducta social, y consideró que este es el primer paso para combatir el sexismo en la práctica de la política.

Los sancionados por cometer este tipo de agravios fueron

• Issac Janix Alanís,
• Luis Gamero Barranco,
• Adrián Sánchez Domínguez,
• Marciano Toledo Sánchez,
• Carlos Mimenza Novelo y
• Merced Ortíz Maya,

quienes enfrentaron sanciones administrativas y electorales.

Sin embargo, reconoció que las sanciones administrativas y electorales son insuficientes, por lo que propuso reformar las leyes para que la violencia política en contra de la mujer en razón de género sea una causal para anular una elección.

“Estos avances, a nivel federal y local, abonan a la credibilidad y confianza de las mujeres, ya que en el proceso electoral recibimos diversas denuncias que antes no teníamos, porque no contábamos con un marco normativo. Teníamos un protocolo, que no era vinculante y, por lo tanto, no garantizaba que se tuviera acceso a la justicia para las mujeres. Este proceso fue muy marcado por la violencia política”.

La entrevistada recordó que hubo denuncias que no procedieron por incumplir con los criterios, como el de la actual diputada local Judith Rodríguez Villanueva contra la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -por los dichos de los dirigentes Elda Candelaria Ayuso Achach y José Alberto Alonso Ovando- y la de Samaría Angulo Sala, contra la ex presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, por omisiones al no contestarle unos oficios.

“Para ser considerados casos de violencia política en razón de género, (las denuncias) deben tener como objetivo anular o menoscabar los derechos político-electoral por el simple hecho de ser mujer y que sea cometida por entes que conforman el estado y los partidos políticos, pero también los militantes o simpatizantes pueden ser infractores, independientemente de si son hombres o mujeres”.

La magistrada indicó que las sentencias dictadas en el proceso electoral que recién concluyó, servirán como precedentes y marcan los criterios que se podrán utilizar en otros procesos, aunque prevé que se darán distintos casos que permitirán ampliar el conocimiento y, por ende, los criterios para combatir la violencia política.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR