Juan Carlos Gómez/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Ayer llegó la carta a las manos de Juan Gabriel Borges Chim, contralor municipal. En ella se pedía el apoyo de la dependencia bacalarense para atender el caso de tres personas cuyos derechos se vieron violentados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

 

La Contraloría recibe mensualmente entre cuatro y cinco quejas desde distintos canales, pero es la primera vez que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdhe) emite un señalamiento.

 

La madrugada del pasado 30 de diciembre, elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP) a bordo de la unidad 044, detuvieron a un grupo de jóvenes que iban rumbo a su casa luego de una noche de discoteca. Debido al procedimiento, los nombres permanecen reservados.

 

Una testigo explica que los jóvenes pasaron junto a su casa, platicando. Una patrulla de la policía y una camioneta se detuvieron en una esquina. 

 

La testigo se asomó para ver lo sucedido, pero antes de alcanzar la ventana, los gritos de un par de muchachas ya se escuchaban. De los alaridos pasaron a la discusión con los uniformados.

 

Eran las cinco horas y los jóvenes intentaban explicarles a los oficiales de la ley que no estaban haciendo nada malo, pero los elementos ya estaban aplicando la ley: golpeando severamente a los jóvenes mientras las mujeres sólo podían gritar: “no les peguen, no estaban haciendo nada malo”.

 

La testigo, que observó todo desde su casa, explica que los elementos continuaron golpeando a los adolescentes hasta que llegaron refuerzos para ayudar con la golpiza. 

 

Uno de los muchachos fue corriendo a la casa de un vecino para pedir ayuda, pero por temor, lo dejó a su suerte. 

 

Finalmente, el joven comenzó a grabar con su celular, pero uno de los elementos lo arrestó, explicó la testigo.