La pesadilla de violencia que se vive en Quintana Roo en lo que va del 2017 no cesa, con balaceras, ejecuciones y asaltos cotidianos que han colocado a nuestro estado como un miembro permanente del “Top Ten” de inseguridad en el semáforo nacional delictivo.

Los esfuerzos realizados en materia de seguridad se han quedado muy cortos, colocando a las autoridades gubernamentales y de Seguridad Pública contra la pared, pues todas las estrategias se han visto superadas por la creciente ola criminal.

Según datos del Semáforo Delictivo Nacional, hasta el pasado mes de abril Quintana Roo ocupaba el décimo lugar en ejecuciones relacionadas con el crimen organizado en todo el país, el décimo lugar en secuestros, el undécimo en extorsiones, el quinto lugar en asaltos a negocios, el sexto en violaciones y el séptimo en robos a casa habitación.

Esas cifras desinflan el discurso oficial de que el estado es un lugar seguro para los turistas y sus habitantes, pues las cifras son lapidarias.

Para el gobierno de Carlos Joaquín González el tema de la inseguridad es un permanente dolor de cabeza, porque si bien ha logrado poner orden en lo político, administrativo, y sobre todo en lo financiero, la desbordante violencia en la zona norte ha expuesto el talón de Aquiles de la actual administración.

Y no es que el gobierno se haya quedado con los brazos cruzados. Por la urgencia de salvar al turismo, motor económico de la entidad, Carlos Joaquín González ha sido el principal encargado de impulsar la instalación de una estrategia de seguridad coordinada de los tres órdenes de gobierno para combatir este flagelo, aunque ha encontrado escollos en el camino.

Esta coordinación entre corporaciones policiacas y militares, que nunca es fácil por las resistencias naturales de las fuerzas de seguridad que se ven con recelo unas a otras, es la mejor posibilidad de disminuir la tasa de violencia.

Sin embargo, esto aún no se ve en Quintana Roo. Tan solo el fin de semana Cancún fue el escenario de una doble ejecución de alto impacto, en la que una de las víctimas fue Héctor Casique –ex convicto que fue reconocido formalmente como víctima de tortura y que recibió disculpas públicas de la Fiscalía–, además de una ola de asaltos a céntricos negocios y un intento de secuestro.

Cancún se está complicando, y los tres órdenes de gobierno están obligados a impulsar una estrategia efectiva para devolver la tranquilidad a ese polo turístico tan sensible.