Tras los sismos recientes en el centro y el sureste del país miles de connacionales han optado por huir de la zona, no solo por miedo a las réplicas incesantes, sino porque las condiciones pos tragedia son desalentadoras: rutas obstaculizadas, escuelas en el piso, extravío de documentos, pérdida de patrimonio, sin empleo y ayuda insuficiente.

Las circunstancias les obligan a moverse. Quintana Roo se presenta como una oportunidad atractiva, en una región conocida por muchos de ellos, y donde las inversiones como fuentes laborales no se detienen pese al contexto. Es muy posible que en los próximos meses se constate un flujo mayor de oaxaqueños y chiapanecos, principalmente.

¿Estamos preparados? La entidad abriga a todos por su vocación turística y su situación geográfica que explota una característica internacionalista como pocas. Fronteras por norte y sur le facilitan ser paso o refugio: desde el Cono Sur llegan más venezolanos, colombianos y argentinos; desde Centroamérica, beliceños, guatemaltecos y hondureños. Por ello se podría decir que sí estamos preparados, pero no del todo.

Para brindar una acogida integral deben explorarse los marcos legales porque la voluntad no alcanza en coyunturas complicadas, de “reconstrucción”, como se llama al proceso actual. Es decir, las leyes existentes para ambos tipos de migrantes (nacionales y extranjeros) podrían ser insuficientes dado aquel flujo en incremento.

Tal preocupación quedó manifiesta hace meses durante unos foros sobre derechos humanos de migrantes, encabezados por la diputada Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Al conciliar los planteamientos de más de 20 agrupaciones con otros preexistentes, la legisladora, apoyada por expertos y autoridades de todos los niveles, envió para consulta una propuesta de ley al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sería presentada en el Congreso local tras el visto bueno. Pronto habría noticias.

Esa iniciativa considera la creación de albergues para la atención de personas migrantes en situaciones de riesgo; un fondo para financiar proyectos de asociaciones que ofrezcan atención médica, sicológica y de apoyo para necesidades básicas, así como dar mayor difusión a sus derechos en diferentes idiomas. Otras contempladas configuran ese marco de apoyo para otras reglamentaciones en vigor.

En su oportunidad, Hendricks Rubio enfatizaba que uno de los objetivos de dicho foro era que las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos y ofrecer los servicios que requieren las personas migrantes, cuenten con los elementos para cumplir la responsabilidad. Pero la realidad ha rebasado hace rato ese primer objetivo, por lo cual no se puede esperar.

Hoy se requiere –cabe insistir– más que voluntad política para avanzar en una temática que se instala como debate universal, ya que en el mundo son millones que cambian residencia por innumerables motivos. No nos quedemos atrás.