Tras meses de conflictos entre conductores independientes de la polémica empresa UBER y los taxistas de Cancún que han llegado hasta las agresiones físicas, el panista Fernando Zelaya Espinoza –presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local– anunció que la Legislatura tiene listo el proyecto de Ley de movilidad y transporte, cuyo punto crucial es precisamente la regulación de las nuevas plataformas de transporte que están en boga a nivel mundial, como UBER y Cabify.

Aunque el contenido de dicho proyecto de Ley aún no se ha dado a conocer, la discusión en el pleno será candente, pues el poderoso sindicato de taxistas de Cancún –apoyado por otras 16 agrupaciones sindicales de transportistas del estado– ha dado muestras de que no aceptará ningún tipo de competencia, por las buenas o por las malas.

Y aunque en los foros realizados por la Legislatura a fin de recabar las opiniones ciudadanas sobre esta ley una buena parte de los asistentes se manifestaron a favor de la operación de Uber y otros servicios con la debida regulación, el gremio de los taxistas apoyado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) no quiere dar su brazo a torcer.

Para complicar más el asunto, los chafiretes tienen importantes aliados dentro del Congreso, uno de ellos es el diputado del PRD y número 2 de la Legislatura, Emiliano Ramos Hernández, quien aprovechó la coyuntura del conflicto para acercarse al sindicato de taxistas de Cancún a fin de ganar su respaldo para una eventual candidatura por la alcaldía de Cancún. También han sido apoyados por las bancadas del PRI y Verde para conservar su monopolio en el transporte a cambio de favores políticos.

Aterrizar una ley “moderna” –como pretende Fernando Zelaya y su bancada– no será sencillo con tantos intereses en juego, ya que los nuevos mandos del sector, Jorge Portilla Manica (titular de la Sintra) y Alejandro Ramos Hernández (director de transporte), han encontrado una abundante fuente de recursos adicionales difícilmente auditables con las multas y “mordidas” a choferes de Uber, y en el manejo discrecional de concesiones pactado con los corruptos líderes sindicales.

Con todos estos obstáculos, es muy probable que tal como ocurrió en Yucatán la nueva ley no vea la luz, o si lo hace deje intactos los privilegios que hasta ahora han disfrutado los poderosos sindicatos de taxistas. Al tiempo.