Recientemente el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que no se ha podido disminuir la delincuencia en nuestro país, algo así como un mea culpa, pues al inicio de su mandato y después de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón prometió conformar un grupo policial denominado gendarmería. Pues bien, eso sucedió y la delincuencia se ha incrementado.

Ya expuesto el antecedente de rigor, pasamos al tema de las ejecuciones que en Quintana Roo se vienen sucediendo inconteniblemente sin que la autoridad investigadora, Ministerio Público al mando del flamante Fiscal y los anteriores se preocupen por esclarecer los casos que hoy configuran carpetas y antes averiguaciones previas.

Los sucesos en el Estado, si bien recordamos, sonaron con estridencia con los homicidios, ejecuciones, de Judiciales Federales seguidos de militar en el periodo de gobierno municipal de Gregorio Sánchez Martínez; ahora, durante octubre y lo que transcurre de noviembre han ocurrido ejecuciones tanto en la zona norte como en el sur, sin que con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria hayan resuelto los problemas de investigación y solución de los homicidios cometidos antes, durante y después del periodo de Félix Arturo González Canto y de Roberto Borge Angulo, así como el corto periodo gubernamental de Carlos Manuel Joaquín González.

La forma más cómoda de dejar hacer-dejar pasar de las autoridades, es atribuir los hechos y hasta ahí a la delincuencia organizada, que abarca el narcotráfico, la venta de drogas y secuestro virtual, la prostitución y el contrabando, entre otros.

Se ha incrementado el número de elementos en las policías federal, estatal y municipal en toda la geografía del Estado; sin embargo, los resultados distan de ser eficientes y suficientes. El armamento también se va modernizando, pero con mayor lentitud con que la delincuencia se adapta a los modelos de armas de fuego en el mercado del contrabando, desde fusiles calibre 50 milímetros hasta granadas de fragmentación y cohetes lanzados con armas propias de uso del Ejército, armada y fuerza aérea.

No podemos ni debemos soslayar que tanto la Secretaría de Gobernación como la intervención militar parece que no han logrado los objetivos para abatir la delincuencia y las ejecuciones que ocurren de manera frecuente y principalmente en Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa de Carmen).

Mientras consuman ejecuciones en áreas de monte o la vera de carreteras, con cuerpos en estado de putrefacción; eso no es de ninguna manera eficiencia o inteligencia para investigar casos de homicidios cuya característica encuadra en el secuestro y ejecución. Este modus operandi ya debería ser motivo del trabajo organizado y eficiente de los encargados de proporcionar seguridad a los habitantes de Quintana Roo, sean delincuentes o no.

Contamos con C-4, inteligencia militar y policías de academia profesional y que han aprobado el nivel de confianza, pero todavía no configuran una fuerza única y organizada que en primer lugar, promueva el nivel de confianza poblacional.

Los habitantes del Estado permanecemos en estado de indefensión, y mientras la delincuencia organizada o sin organización se arma, quien con sus impuestos paga el servicio público de seguridad no puede portar implementos de defensa y…¡AL TIEMPO!.