Como para hacernos pensar más en el debate por la Ley General de Aguas, cuya aprobación se ha pospuesto en el Congreso federal, miles de familias en Playa del Carmen -donde recientemente Aguakán empezó a operar una concesión- han sufrido por varios días la falta de agua corriente en sus hogares.

 Quintana Roo fue uno de los primeros Estados en México, que -desde hace muchos años, en Cancún- tuvo participación privada en los vitales servicios, y recientemente Isla Mujeres y Solidaridad, quedaron en manos de la misma empresa, con la idea de fomentar la inversión, crecimiento y fortaleza del sistema de abasto y saneamiento.

 Pero esta semana hubo señales de que la gente espera de Aguakán mejor capacidad de respuesta y solución, pues aunque se ha explicado que al parecer un choque automovilístico dañó importante infraestructura, la reparación -y el agua- parecen tardar demasiado en llegar.

 Los playenses de colonias tan pobladas con miles trabajadores turísticos como Villas del Sol han sumado esta mala impresión a una política estricta de cobro, multas, cortes, lo que genera más peticiones para elevar los estándares de calidad. Otros fraccionamientos, como Mundo Hábitatt y Misión del Carmen, sufren también problemas de presión en las redes de distribución.

   En los últimos años, en los recibos se ha visto aumentar prácticamente al doble lo que se consideraba el mínimo: de unos 60 pesos que se pagaba, ahora ronda alrededor de los 120 pesos en cada hogar.

 La CAPA, que junto con un moderno edificio en Solidaridad, había logrado buenos estándares de atención y efectividad en el cobro, es la referencia inmediata a las inquietudes que ahora puede haber con Aguakán que, nueva en Playa, parece aún no dominar los flujos de servicio que la gente espera, más aún con el generalizado problema sufrido esta semana. También se notan más saturadas sus filas para pagar en oficinas centrales y también sus quejas por cortes y tardanzas para reconexiones.

 Y esto ha llevado a no pocos a pensar aún más en la discusión de la Ley General de Aguas, porque enfilaría, en todo el país, a esquemas de participación privada, que como hemos tenido una probadita aquí, tienen sus pros y sus contras.

 De entrada, estos días dejaron claro que Aguakán debe acelerar su mejora en el servicio en Playa del Carmen.

Para la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada por Diputados del PRI, PAN y PVEM, el pasado 5 de marzo, vacía de contenido sustantivo los derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital (art. 49), sólo para asentamientos legalmente constituidos (art. 10 XLVII).

Además, según dio a conocer la organización ambientalista Greenpeace, pone seriamente en riesgo el ejercicio de estos derechos al profundizar un modelo de gestión “que ha probado ser insustentable, y que ahora favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios (art. 129).”