En los días postreros del gobierno de Felipe Calderón, y sin precisar a quiénes se referían, dos altos funcionarios de aquella administración me dijeron por separado que dos de los cinco mandos militares en prisión por presuntos nexos con el crimen habían multiplicado fantásticamente sus patrimonios.

Habría sido el pie de la investigación que puso en la cárcel a los generales Ángeles Dauahare, Dawe y Escorcia, y a los mandos Hernández y Reyna. Pero ya no tendrá mucho sentido averiguar quiénes eran los dos enriquecidos, pues los cinco están libres, exonerados y, a juzgar por el trato que recibió el viernes el general Ángeles Dauahare, camino de convertirse en héroes.

El procurador Jesús Murillo Karam y el titular de la SEIDO, Rodrigo Archundia, han subrayado que hubo irregularidades graves en el proceso, siembra de pruebas, muy dudosos testigos protegidos, por lo que no había razón para sostener las acusaciones. ¿Significa eso que los cinco casos eran idénticos? ¿En serio todo fue un estupendo ardid del general secretario Guillermo Galván que ofuscó a la procuradora Marisela Morales?

De ser así, sería muy grave que permanecieran impunes los causantes de dañar y agraviar a cinco mandos del Ejército mexicano. Aunque después de conversar con los generales Dawe y Ángeles Dauahare, me quedo con la impresión de que en la Defensa Nacional, la PGR y Los Pinos no hay más objetivo que enterrar el caso. 
Ángeles Dauahare lo sintetizó muy bien: “No tengo nada contra el general Galván, nada contra Genaro García Luna, nada contra la ex procuradora Marisela Morales”.

Nada, nada, nada. A ver a quién se le ocurre ahora investigar al Ejército.