En unos días se discutirá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una de las prácticas más frecuentes y más problemáticas de los órganos policiacos y de justicia del país.

La vemos todos los días en los diarios impresos, en internet y en la televisión. Presuntos responsables de delitos que las autoridades hacen desfilar ante los medios de comunicación. Es un espectáculo un tanto grotesco, siempre humillante para los presentados; pero, sobre todo, es casi siempre ilegal.

Hay varias modalidades. La más espectacular es la preferida por la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército durante el sexenio pasado. Detenidos esposados, escoltados por dos elementos que no muestran su rostro, armados hasta los dientes (¿por si intentan escapar?) y frente a ellos en una larga mesa dinero, droga, armas, joyas... en fin, todo lo que pueda agregar al show.

La Constitución es bastante clara en su artículo 16: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

Cómo entender, por ejemplo, aquella captura del JJ. Lo agarraron en Bosques de las Lomas, lo trasladaron hasta Iztapalapa, donde lo presentaron a la prensa —en el camino, por cierto, está la PGR— después se lo prestaron a Carlos Loret para que lo entrevistara y luego, mucho tiempo después, fue puesto a disposición del juez.

“Sin dilación alguna”, dice la Constitución.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se quedó bastante muda ante la práctica todo el sexenio pasado, pero no la del Distrito Federal, que el año pasado emitió una contundente recomendación a la Procuraduría del DF en la que, entre otras cosas, pedía que “de manera inmediata elimine la práctica generalizada de exhibir públicamente en medios de comunicación a personas privadas de libertad que estén bajo su disposición, y se proteja en términos de los ordenamientos legales en la materia la información concerniente a la vida privada e íntima de las personas, así como la información contenida en los expedientes de averiguación previa en etapa de investigación”.

La recomendación fue rechazada por el gobierno capitalino y de hecho las presentaciones son asuntos de todos los días.

Le pregunté al doctor Antonio Caballero, del CIDE, sobre los problemas que causa la exhibición de presuntos. Me aclara que son dos momentos: la exhibición en medios de comunicación de detenidos, a cargo de fuerzas armadas y policías, y posteriormente viene el problema de la exhibición en los medios cuando los detenidos están a cargo del Ministerio Público. En el primer caso no hay justificación alguna. La omisión afecta los derechos de los detenidos al honor y a su capacidad de defensa. Se les exhibe sin justificación alguna y sin acceso a abogado. Se generan condiciones para un juicio paralelo y se debilita la presunción de inocencia. Adicionalmente, la irregularidad en la demora en la presentación del detenido al MP da lugar a irregularidades, léase malos tratos y tortura para extraer confesiones. De esta manera los entregan confesados”.

“En el segundo caso (la exhibición por parte del MP) existen algunas tensiones. Por una parte se debe resguardar al detenido, porque formalmente no ha sido acusado. Fue simplemente detenido. En ese sentido su exhibición en medios necesariamente afecta su defensa y su condición de presunto inocente. En particular cuando se les exhibe con pistolas u otras cosas. Típicamente aquí no tienen acceso a abogado”.

Cuando el doctor Caballero habla de tensiones es porque al mismo tiempo es necesario encontrar un mecanismo para dar a conocer que la procuraduría tiene a alguien detenido y dar datos tanto de su estado de salud como del lugar en donde está. Cuántas historias conocemos de familiares que peregrinan de una agencia del MP a otro buscando a su ser querido. Ahora, cuando el presunto se presenta al juez, ya es otra cosa a la luz de la publicidad del proceso penal. Beneficia al propio acusado e informa a la sociedad.

Solo en esta semana me tocó ver al menos cinco fotos de detenidos por diferentes cosas en varios periódicos, incluido este.

Lo que se discuta en la CIDH podría derivar en una recomendación que dados los nuevos estándares que impone la Constitución en relación a los tratados internacionales podría forzar a la SCJN a pronunciarse. Más aún si la Comisión lleva el asunto a la Corte Interamericana.

Ahora que lo más sencillo sería que simplemente se dieran las órdenes pertinentes y la práctica se acabara de una buena vez.

Twitter: @puigcarlos