Se ha dicho que la Reforma Educativa recientemente aprobada  es un acuerdo conjunto del Poder Legislativo, las entidades federativas, los partidos políticos y de la sociedad mexicana; sin embargo, pareciera que a los maestros y maestras de este país no sólo no se les informó debidamente de sus pretendidos alcances y beneficios, sino que peor aún: no se les tomó en cuenta para su elaboración.

La Reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales y sus leyes secundarias prevén la activa participación de la comunidad educativa, directivos, maestros, alumnos y padres de familia en decisiones conjuntas para mejorar la educación, entre ellas realizar acciones para reparar o ampliar la escuela, promover la calidad de la enseñanza, fomentar actividades culturales y cuidar la alimentación de los alumnos.

No obstante, se desconoce cómo se concretarán las decisiones de mejoras en las escuelas, pues la redacción ambigua de la ley no permite aclarar si el estado asumirá su obligación o delegará esta responsabilidad al bolsillo de los padres de familia. Basta recordar que el antecedente de las mal llamadas “cuotas voluntarias” ha persistido por años en México con la anuencia y complicidad del gobierno, incapaz de fortalecer el presupuesto educativo.

Se promueve también el crecimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, con la meta de implementar hasta cuarenta mil de ellas en el actual sexenio; sin embargo, tampoco se conoce de dónde surgirán los recursos para pagar las horas extras de los miles de maestros que las atenderán y cómo se costearán los alimentos que se planea  proporcionar a los educandos.   

Lamentablemente existe hoy en día una penosa ausencia de los tres niveles de gobierno en las escuelas, cuyos representantes visitan los planteles sólo para cuestiones clientelares (entrega de útiles escolares al inicio de cursos, desayunos escolares en algunas escuelas, etcétera). Es decir, las escuelas no tienen atención prioritaria para remodelaciones y mucho menos  para cosas tan simples como la compra de jabones o papel de baño para los sanitarios y casi siempre son otros actores de la educación quienes cargan con la responsabilidad del estado. ¿Cómo le hará entonces el gobierno federal para cumplir con estos compromisos? 

La respuesta podría estar en la puesta en marcha y aprobación posterior de la Reforma Hacendaria, que entre otras cosas pretende la aplicación del IVA a colegiaturas en escuelas particulares que en el caso de Quintana Roo podría llegar al 16 por ciento en caso de que también se modifique la tasa preferencial del 11 por ciento establecida actualmente para las entidades que se ubican en zona fronteriza.

La mayoría de familias que mantiene a sus hijos en instituciones privadas lo hace porque no pudieron ingresar al sistema de educación pública o porque la oferta educativa que ofrece el estado es pobre o insuficiente, ya no digamos de mala calidad.

El impuesto en el gasto educativo podría traer como consecuencia un abandono masivo de las escuelas particulares y un aumento repentino en la matrícula de las escuelas públicas, lo cual propiciaría una saturación mayor de los cupos escolares, es decir más estudiantes rechazados que podrían ser arrojados al limbo social (los llamados “ninis”).

La aplicación del IVA en colegiaturas, en hipotecas, rentas, medicinas e inclusive –aunque pareciera trivial, pero no lo es- en el alimento para las mascotas, viene a ser como el tiro de gracia para un sector amplio de la población.

El reto para el presidente Enrique Peña Nieto radica en convertir a la educación en la gran fuerza transformadora de México, pero sin conculcar los derechos de los maestros y sin la imposición de impuestos inequitativos e injustos cargados hacia una clase media a la que ha tocado, por décadas, sostener –con esfuerzos - a los gigantes de la mitología.