No hay duda de que el grado de aceptación pública del gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de cumplir sus primeros 100 días, se incrementó de manera notable a partir de la detención y el procesamiento legal de la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, lo que rompió con la percepción de continuidad que había dejado la tersura con que se inició este sexenio, gracias al “Pacto por México”.

Con ello parecen quedar definitivamente superados los 12 años de regímenes panistas en que, bajo la consigna de “menos gobierno y más sociedad”, se dieron a la tarea de desmantelar al Estado, cuyas funciones comenzaron a ser usurpadas y desarrolladas,  no por la sociedad organizada ni por sus instituciones autónomas, sino, por los “poderes fácticos” encarnados tanto por los oligopolios económicos  como por los grupos de presión y el crimen organizado. Lo que puso en evidencia  su viabilidad.

Porque si bien es cierto que, como afirmábamos antes, los vacíos de poder no existen, pues son inmediatamente ocupados por otras fuerzas, resulta indiscutible, ahora lo sabemos, que se corre el alto riesgo de que éstas no correspondan a las que promueven el desarrollo social y que, todo lo contrario, pueden poner en jaque a las instituciones públicas.

Así, un Estado sometido a los dictados de los grupos de presión, incluidas las organizaciones corporativas, deviene en un gobierno sin rumbo que, al ser incapaz de garantizar el orden necesario para la vida social y productiva, se convierte en fácil presa de la corrupción.

Las modificaciones del entorno legal que se han alcanzado mediante el consenso de las bancadas de los diferentes partidos, lo mismo que las demás enunciadas en el Pacto, apuntan a fortalecer la capacidad del gobierno para que pueda, en las condiciones actuales, mantener su rectoría en los procesos económicos, políticos y sociales.

La aprobación que ha concitado hoy día el gobierno de Peña Nieto parece dejar en claro que los mexicanos preferimos el orden y la disciplina que proviene de un gobierno fuerte a seguir sufriendo los excesos que derivan de la ingobernabilidad.  O por lo menos que corresponde a las necesidades actuales.

Sin embargo, no hay que dejarse confundir, ello no debe significar la temida vuelta al pasado de un régimen monolítico, arbitrario e impositivo, toda vez que hemos tenido avances sustanciales en el mejoramiento en la calidad de nuestra vida democrática: la exigencia de transparencia y rendición de cuentas para las autoridades de todos los niveles así lo prueba.

Ya en el terreno político, me parece que se puede interpretar la defenestración de la líder sindical como la puntilla final del voto corporativo que el PAN ofreció pero que, como tantas cosas, fue incapaz de cumplir.